Así lo aseguró el Secretario de la Transparencia del gobierno nacional, Camilo Enciso, quien salió al paso a declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien habría asegurado que el presidente Santos se reunió con el presidente de la empresa brasileña envuelta en un escándao por sobornos.
Según Enciso, un alto funcionario del gobierno de Uribe, habría recibido los 6.5 millones de dólares por parte de la cuestionada empresa.
El comunicado leído por Enciso dice textualmente:
Desde mediados de 2015, tan pronto estalló el escándalo de Odebrecht en Brasil, el Gobierno Nacional ha dado pasos firmes para avanzar en acciones de cooperación armónica con las autoridades de ese y otros países, con el fin de lograr el esclarecimiento y judicialización de los actos de corrupción de esa empresa en Colombia.
El día de ayer, con ocasión de la información publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del comunicado de prensa publicado por la Casa de Nariño, el Senador Álvaro Uribe hizo una serie de declaraciones, una de las cuales cuestionó de manera tendenciosa una reunión sostenida por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el Presidente de Odebrecht, en Panamá.
Esa reunión tuvo lugar el 9 de abril de 2015 en el marco de la Cumbre de las Américas, en desarrollo de una serie de encuentros del Señor Presidente con empresarios, las cuales incluyeron al Presidente de Coca-Cola y otros, algo necesario para el país y absolutamente normal, en este tipo de escenarios.
En esa reunión participaron la Canciller, la Ministra de Comercio, la directora de Procolombia, el Secretario Privado del Presidente y otros funcionarios.
En ese momento no existía ninguna sospecha de que Marcello Odebrecht o su compañía hubiesen participado en actos de corrupción en Colombia u otros países.
Con relación a los sobornos de Odebrecht en Colombia, el Gobierno Nacional ha conocido que la persona que recibió 6.5 millones de USD en desarrollo de una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración del gobierno Uribe.
Rechazamos de manera categórica esos hechos y pedimos a la justicia actuar con la mayor dureza en contra de cualquier servidor público que en cualquier momento hubiese consentido, facilitado o encubierto actos de corrupción.
De otra parte, pedimos a los entes de control y a la Fiscalía General actuar con el mayor rigor, celeridad y determinación en las investigaciones relacionadas con los proyectos de Reficar y Bioenergy y, especialmente, en la identificación del origen de los problemas, presuntos fraudes y sobrecostos de los mismos.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional hace una invitación respetuosa, pero enfática al sector empresarial para que incremente su compromiso con las políticas internas de prevención de la corrupción.
El país puede tener la seguridad de que no dudaremos en usar con la mayor severidad la Ley Antisoborno, impulsada y sancionada por este Gobierno, para poner punto final a los abusos de empresarios, contratistas y funcionarios corruptos.
Por último, esperamos que los involucrados en cualquier episodio de corrupción le den la cara al país y a la justicia, y no recurran al sofisma de distracción de la persecución política para evadir las consecuencias de sus conductas.
