En un esfuerzo por abordar el problema del hacinamiento carcelario en la capital del Cesar, diez internos fueron trasladados desde la Permanente Central de Policía a la Cárcel Judicial de Valledupar. Esta medida fue posible gracias a un convenio firmado entre el Municipio y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La Secretaría de Gobierno, junto con la Defensoría del Pueblo, INPEC, Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Local de Salud y la Personería Municipal, coordinó el traslado de los reclusos. Este esfuerzo conjunto busca mejorar las condiciones de vida de los internos y reducir el hacinamiento en las instalaciones carcelarias de la ciudad.
“El proceso de descongestión en el centro de reclusión forma parte de la implementación de un convenio con el INPEC. Como administración municipal, buscamos garantizar el cumplimiento de los lineamientos básicos en cuanto a los derechos humanos. Bajo la dirección del alcalde Ernesto Orozco, hemos iniciado este ejercicio institucional con el traslado de estas personas, quienes enfrentaban condiciones precarias debido al alto índice de hacinamiento”, explicó el secretario de Gobierno, Jorge Pérez Peralta.
Desde hace varios años, la Administración Municipal ha enfrentado una grave situación de hacinamiento en la Permanente Central, con un sobrecupo del 596%, albergando a 487 personas privadas de la libertad, y una Unidad de Reacción Inmediata con una sobrepoblación del 300%.
El convenio firmado incluye una inversión de más de $498 millones, destinados al fortalecimiento técnico y financiero para la atención de los internos en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad a cargo del INPEC en Valledupar.
La Administración Municipal de Valledupar reafirma su compromiso de mejorar las condiciones carcelarias y de respetar los derechos humanos de los reclusos a través de garantías institucionales y una gestión eficiente.
