Valledupar
La jefa de la Oficina de Cultura del municipio de Valledupar, Janelys González, entregó detalles sobre la organización de las recientes fiestas en la Urbanización Don Alberto, en donde la presidenta de la JAC, denunció que las festividades de ese sector se hicieron a sus espaldas, en una fecha que no es la del cumpleaños del barrio y con una muy mala convocatoria. Según González, la alcaldía, a través de la Secretaría de Cultura, aportó 30 millones de pesos para financiar las festividades. Este monto se destinó a la contratación de dos agrupaciones musicales vallenatas y dos tambobandas, con el fin de enriquecer la programación cultural del evento.
González explicó que, además del apoyo económico de la administración municipal, diversas empresas y constructores, como Maya y Asociados, contribuyeron a la financiación de las fiestas. El comité organizador, encabezado por Fabio Oliveros y Javier Sánchez, junto con el INDER, se encargó de la ejecución y planificación de las actividades, que incluyeron eventos deportivos y musicales.
La funcionaria enfatizó que la administración municipal estuvo involucrada en la programación y supervisión del evento, aunque no en la organización directa. «Para asignar los recursos, discutimos y concertamos la agenda con el comité organizador. La programación oficial incluyó la participación de la administración, con logos visibles en el material promocional», indicó González.
Sin embargo, surgieron quejas sobre la falta de participación de la Junta de Acción Comunal en la organización. La presidenta de la Junta, Amanda Ospino, había señalado que no estaba involucrada en la planificación. González aclaró que la administración municipal confió en el comité organizador para la gestión del evento y que la información sobre el aniversario del barrio, que supuestamente cumplía 25 años, provenía de la constructora y no fue verificada por el municipio.
«Hay un conflicto interno en la Junta de Acción Comunal, lo que ha generado confusión. La información sobre el aniversario fue proporcionada por la constructora, y se cuenta con un acta de concertación firmada por más de 300 personas», afirmó González. La Oficina de Cultura tiene un informe final de la supervisión del evento, que se hará llegar a los medios para mayor claridad.
La controversia destaca la necesidad de una mayor coordinación y transparencia en la organización de eventos comunitarios para evitar malentendidos y asegurar una celebración exitosa y representativa para todos los involucrados.
