Valledupar, febrero 11 de 2025. La situación en la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el Departamento del Cesar está generando preocupación. Según denuncias de trabajadores del sector, se han presentado serias irregularidades que afectan el funcionamiento del programa de protección. José Calderón, presidente del sindicato de la UNP en el Cesar, señala que los beneficiarios del programa han hecho un mal uso de los vehículos asignados, tratándolos como bienes propios y utilizándolos para fines personales.
«Muchos beneficiarios creen que los vehículos son suyos, los manejan como si fueran de ellos, les colocan modificaciones y los utilizan para actividades ajenas a la protección», indicó Calderón en una entrevista con este medio de comunicación. El presidente del sindicato agregó que algunos beneficiarios incluso han sido vistos conduciendo sin licencia de conducción, lo que constituye una violación a las normas de seguridad.
Además, Calderón expresó que los escoltas encargados de la protección se ven sometidos a presiones por parte de los beneficiarios, quienes los obligan a realizar tareas ajenas a su función, como hacer mandados o incluso transportar a personas no protegidas. «Este abuso pone en riesgo tanto a los escoltas como a los beneficiarios«, declaró Calderón.
Falta de control y supervisión en la UNP
El líder sindical también manifestó que la falta de control por parte de la UNP ha permitido que esta situación se normalice. «El director de la UNP en el Cesar, Miguel Martínez, sabe de esta problemática, pero se necesita más mano dura para que se respete el esquema de protección y se castigue el mal uso de los recursos», señaló.
Para Calderón, es urgente que la entidad implemente medidas más estrictas para evitar el abuso de los vehículos y garantizar que los escoltas sean protegidos de posibles represalias por denunciar estos hechos. «El escolta no puede quejarse porque lo mueven de su puesto o lo despiden si se atreve a denunciar», afirmó.
Según Calderón, los beneficiarios del servicio no solo han mal utilizado los vehículos, sino que también han intentado tomar control sobre los escoltas encargados de su seguridad.
«Los beneficiarios deben estar subordinados a los escoltas, como cualquier otro protegido por el Estado», señaló Calderón. Sin embargo, según el sindicalista, esto no ocurre en la práctica. En lugar de seguir las directrices del esquema de protección, muchos beneficiarios se han encargado de definir las rutas y el horario de los escoltas, generando tensiones dentro de los esquemas de seguridad.
Además, los escoltas han tenido que enfrentarse a situaciones complejas, como el transporte de personas ajenas al esquema de protección o incluso la realización de tareas personales fuera de sus funciones. Calderón afirmó que esta situación está generando un ambiente laboral insostenible para los escoltas, quienes sienten que su seguridad y estabilidad laboral están en riesgo.
«Los escoltas son quienes están poniendo en riesgo sus vidas al cumplir con estas demandas, mientras los beneficiarios abusan de los vehículos y las medidas de protección», concluyó Calderón, haciendo un llamado urgente a que la UNP implemente medidas de control más estrictas para evitar la normalización de este comportamiento.
