Valledupar, marzo 5 de 2025. El sector arrocero en Valledupar enfrenta una crisis sin precedentes que afecta tanto a los productores como a los procesadores del grano. La caída de los precios y la falta de alternativas de venta han dejado a muchos agricultores y empresarios al borde de la quiebra. En medio de esta situación, el arrocero y exalcalde de Valledupar Elías Ochoa Daza, expresó su preocupación por la grave situación que atraviesa el sector, señalando que las pérdidas son inminentes debido a la baja de los precios y la falta de apoyo por parte del gobierno y de las entidades regionales.
“Los precios se fueron al piso, las pérdidas son inminentes y no ha habido ninguna respuesta de parte del gobierno ni de la Federación de Arroceros. Estamos batallando solo”, indicó Ochoa, quien también es productor y procesador de arroz en la región.
Según Ochoa, el arroz producido en Valledupar no se consume localmente, ya que ha sido reemplazado por arroces provenientes de otras regiones e incluso de contrabando, lo que agrava aún más la situación de los agricultores locales. “El arroz que estamos cosechando en este momento está en la misma situación, los arroces que llegan desde otras zonas tienen precios más bajos, lo que afecta gravemente nuestra competitividad”, expresó el exalcalde.
A pesar de la crisis, el gremio arrocero en el departamento del Cesar y La Guajira no se ha unido a las protestas a nivel nacional. Ochoa indicó que “el gremio no se ha movido a hacer una protesta generalizada, la gente está triste y preocupada”, ya que no ven respuesta alguna ante las dificultades que enfrentan.
En cuanto a las medidas que se deben tomar, Ochoa hizo un llamado a la intervención estatal, destacando que se deben implementar controles para evitar el ingreso de arroz de contrabando y garantizar la calidad del producto. “Es necesario que el Estado regule la importación del arroz y controle el contrabando, ya que esto está afectando gravemente la economía de los productores locales”, añadió.
Para Ochoa, la solución pasa por un compromiso mayor de las autoridades locales y nacionales para garantizar la estabilidad del sector arrocero y, a su vez, evitar la desaparición de este importante cultivo en la región.
