Valledupar, junio 26 de 2025. En lugar de soluciones efectivas para mejorar el servicio de energía en Valledupar, la empresa Afinia ha optado por advertir posibles cortes del suministro en urbanizaciones que, según afirma, presentan conexiones ilegales y bloquean el acceso de su personal técnico. La medida, que se anuncia como preventiva, ha generado preocupación en comunidades que sienten que la empresa evade responsabilidades y traslada la carga de sus falencias a los usuarios.
“Hay urbanizaciones donde las normas eléctricas no se están cumpliendo, y lo primero es velar por la seguridad de las personas, los animales, los transeúntes y los activos que se encuentran allí”, justificó Jorge Rivero, gerente de Afinia, en entrevista con un medio radial de la capital del Cesar.
Según Rivero, el incumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) representa un riesgo para todos, y por ello la empresa estaría contemplando medidas drásticas. Sin embargo, esta postura omite señalar qué tan efectiva ha sido la labor de Afinia en prevenir estas irregularidades y cuántas de ellas se han agravado por la falta de seguimiento técnico oportuno.
Aunque la compañía asegura que ha intentado intervenir redes internas y establecer diálogo con administraciones locales y comunidades —en especial en el caso del conjunto OGB—, también admite que hay urbanizaciones donde no se ha permitido el ingreso del personal técnico. Frente a esto, Rivero fue enfático: “Necesitamos operar libremente, sin talanqueras que nos impidan hacer nuestro trabajo”, palabras que contrastan con denuncias de residentes que cuestionan la falta de respuestas claras ante solicitudes previas de revisión y acompañamiento técnico.
Mientras Afinia apunta a las conexiones ilegales como causa del problema, la ciudadanía se pregunta si la empresa está haciendo lo suficiente para fortalecer la infraestructura y garantizar la regularización sin recurrir a amenazas de suspensión del servicio.
De hecho, ya se han enviado notificaciones a algunos conjuntos residenciales informando sobre la posibilidad de “desenergización”, es decir, el corte de energía, si no se permite la entrada del personal de la empresa. Rivero insiste en que se trata de un procedimiento que sigue el debido proceso y que busca evitar riesgos mayores. “Nuestro deber es salvaguardar la vida y cumplir con los compromisos adquiridos ante la Superintendencia de Servicios Públicos”, dijo.
Además, advirtió que las pérdidas por energía no facturada —producto de conexiones ilegales— terminan siendo asumidas por quienes sí pagan puntualmente, lo cual profundiza el malestar de usuarios que sienten que están cargando con los errores tanto de vecinos como de la propia empresa.
“Queremos una operación comercial formal. Hay que salir de la ilegalidad y respetar las normas”, concluyó Rivero, reiterando la disposición al diálogo, pero sin precisar qué garantías ofrece Afinia para resolver la situación de fondo más allá de la amenaza de corte.
La empresa ha recalcado su compromiso con la articulación institucional, pero la ciudadanía exige que ese compromiso se traduzca en un servicio más confiable, menos punitivo y con mayor presencia en los territorios, donde los problemas eléctricos no solo afectan la calidad de vida, sino también la percepción de justicia en el cobro y la prestación del servicio.
