Para el 4 de febrero está previsto el desalojo de alrededor de 2 mil familias que ocupan ilegalmente los predios donde están ubicadas las  invasiones  Altos de Pimienta, Brisas de La Popa y Guasimales, y los cuales son de propiedad del Mayor Alberto Pimienta Cotes.

Así fue ordenado mediante una resolución emitida por parte del entonces Alcalde Augusto Ramírez Uhía el pasado 27 de diciembre, en cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional.

En entrevista con La Tribuna del Cesar, el abogado Evaristo Rodríguez Felizzola apoderado del Mayor Pimienta, señaló que  la sentencia emitida por la Corte, pondera los derechos tanto del propietario del predio como de los desplazados que habitan ilegalmente el terreno, porque ordena a los gobiernos departamental y municipal de Valledupar, construir proyectos de vivienda para resolver la situación de habitabilidad de quienes han sido víctimas del conflicto.

En cumplimiento de esta sentencia, el gobierno de Augusto Ramírez Uhía construyó la urbanización El Porvenir para albergar a los desplazados, pero luego de que diez familias fueran trasladadas allí, la Gerente de Fonvisocial Lilibeth Ramírez, ordenó el desalojo de esas viviendas, devolviendo a esas familias a la invasión, aduciendo que esta era una nueva administración.

A decir del abogado Rodríguez Felizzola, esto es una muestra de que el gobierno de Mello Castro no quiere cumplir la sentencia de la Corte, y por el contrario intenta quedar bien con los electores que votaron por él durante la campaña, lo cual consta en trinos del mandatario municipal, donde anuncia que va a legalizar las invasiones.

Abogado de Mayor Pimienta espera que gobierno municipal cumpla con el desalojo

Rodríguez Felizzola recordó que, por desacatar la orden de la Corte, pesa sobre el Gobernador Luis Alberto Monsalvo, una orden de arresto de cinco días que no ha sido ejecutoriada, medida que podría también afectar al mandatario municipal sino acata el fallo.

“Aquí hay carteles de invasiones, amangualados con los políticos” aseguró el jurista Rodríguez Felizzola, al indicar que la familia Genecco ha creado en las invasiones un fortín político para hacerse elegir.

Advirtió el abogado del Mayor Pimienta, que hay una estrategia por parte del actual Alcalde de Valledupar para hacer que los albergues construidos por el anterior mandatario, sean entregados  a personas de corregimientos, a fin de dilatar cada vez más el cumplimiento de la sentencia de la Corte.

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