Una reciente condena judicial contra el municipio de Cúcuta por violación a los derechos de autor ha reavivado el debate sobre el uso indebido de licencias para la ejecución de obras musicales en eventos públicos. El fallo, que obliga al municipio a pagar una suma millonaria, cuestiona la legalidad de un paz y salvo emitido por la empresa Dínalo-Upidir, pese a que esta no representa de manera legítima a los autores, según determinó el juzgado.
El caso evidencia un problema estructural en Colombia: la proliferación de gestores individuales que, sin contar con autorización de los verdaderos titulares, expiden licencias para espectáculos musicales. Esta situación pone en riesgo el reconocimiento y la compensación justa a los compositores del país.
“Llamamos a todas las autoridades del país a abstenerse de permitir la ejecución de obras musicales sin que las licencias provengan de los verdaderos titulares”, advirtió Ricardo Gómez Durán, director jurídico de Sayco, entidad que representa a más de 10.000 autores y compositores en Colombia.
El problema, según Gómez Durán, tiene su raíz en una sentencia de la Corte de 2004 que abrió la puerta a interpretaciones confusas sobre la figura del gestor individual, permitiendo que personas no autorizadas gestionen obras musicales de forma indebida. “Lo que hacen algunos es apropiarse de los derechos de autor y licenciar obras que no representan, suplantando a las sociedades de gestión colectiva”, afirmó.
Por su parte, la directora de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Carolina Romero, reconoció que “algunos gestores individuales obedecen lo establecido y otros eluden las obligaciones jurídicas, lo cual genera graves problemas en la representación de los titulares”.
Casos como el de las Fiestas de Villa del Rosario en 2017, en donde un juzgado ordenó a Dínalo-Upidir devolver el dinero recaudado ilegalmente, o la sanción de 400 millones de pesos impuesta a Anaicol y Angedaycol por la Superintendencia de Industria y Comercio, son apenas ejemplos de la magnitud del problema.
“No todos los gestores individuales actúan fuera de la ley, pero lo que no es legal es emitir una licencia irregular, recaudar dinero y quedárselo”, enfatizó Gómez Durán. Añadió que Sayco está respondiendo con medidas cautelares y acciones judiciales en varios departamentos, como Huila, Tolima, La Guajira y los Santanderes.
La situación también se agrava por la difusión de información falsa por parte de algunos gestores, quienes operan en municipios pequeños y usan medios locales para confundir a empresarios y autoridades.
Sayco hace un llamado a las alcaldías a verificar el cumplimiento de la Ley 1493 de 2011, especialmente en lo relacionado con licencias válidas, seguridad pública y derechos de autor. La entidad también estudia propuestas legislativas que restringirían ciertas licencias exclusivamente a las sociedades de gestión colectiva, para detener lo que Gómez Durán califica como “el cáncer que carcome los derechos de autor en Colombia”.
