Valledupar, diciembre 4 de 2024 . En medio de un creciente malestar social y político en el departamento del Cesar, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hizo una seria denuncia sobre la presencia de un «cartel de la tierra» en la región, dirigido presuntamente por Hugues Rodríguez, una figura ligada al paramilitarismo. Esta situación ha generado tensión en las comunidades campesinas, quienes exigen la entrega de tierras y títulos de propiedad en el marco de la reforma agraria impulsada por el gobierno.
Según la ANT, el conflicto se centra principalmente en el municipio de Chimichagua, donde se encuentran terrenos emblemáticos, como el predio La América. Este predio, que pasó de manos de los paramilitares a las del Estado a través del proceso de Justicia y Paz, fue adquirido por la Agencia Nacional de Tierras para ser entregado a las familias campesinas afectadas por el despojo. Sin embargo, este proceso ha sido perturbado por la intervención de actores políticos y empresarios con presuntos vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Alexandra Pineda, asesora de la Dirección General de la ANT, conversó con este medio de comunicación, y detalló cómo la reciente entrega de tierras en la región ha puesto en evidencia la lucha por el control de estos territorios. “Desde que se realizó la entrega de aproximadamente 10.000 hectáreas en Chimichagua, hemos observado un creciente interés de ciertos políticos y empresarios relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo, quienes pretenden quedarse con esas tierras que deben ser entregadas a las comunidades campesinas”, aseguró Pineda.
El predio La América, que había sido parte de las tierras despojadas a los campesinos durante el conflicto armado, fue recuperado por el Estado a través de un complejo proceso que involucró a varias instituciones, como la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Finalmente, la ANT compró la tierra al Fondo de Reparación de Víctimas, con la finalidad de entregarla a las 300 familias campesinas que ahora están instaladas en ella.
Sin embargo, los problemas no han cesado. Pineda explicó que, tras el proceso de entrega, se ha conocido que el señor Hugues Rodríguez, conocido como “comandante Barbie”, sigue teniendo influencia sobre el predio, a pesar de que las tierras han pasado a manos del Estado. Rodríguez está vinculado con el grupo paramilitar Bloque Norte de las AUC y, según las denuncias de la ANT, ha logrado seguir manejando los predios mediante familiares y aliados, como Augusto José Fuentes Romero, quien, al parecer, sería un intermediario en la gestión de esas tierras.
El proceso de recuperación de tierras en el Cesar ha estado marcado por disputas entre la Agencia Nacional de Tierras y figuras políticas de la región. La propia Alexandra Pineda mencionó que, en algunos casos, los políticos locales han intentado frenar las entregas, argumentando que se están haciendo de manera indebida. Este ha sido el caso del alcalde de Bosconia, quien recientemente afirmó que los bloqueos en la región son el resultado de un «lastre» que enfrentan las autoridades locales al no poder resolver los conflictos de tierras de manera efectiva.
Pineda también destacó que los bloqueos en la región, como los ocurridos entre los municipios de Bosconia y Copey, son una consecuencia directa de la falta de comprensión de los campesinos sobre los procedimientos legales y administrativos que deben seguir para acceder a la tierra. “Las entregas de tierras no son inmediatas. Están sujetas a un proceso legal que involucra avalúos, validaciones y otros trámites”, explicó la funcionaria, quien también aseguró que estos bloqueos solo terminan afectando la economía local y dificultan el trabajo de los agricultores.
La asesora fue clara al subrayar que la reforma agraria, aunque ha sido un avance significativo en la distribución de tierras en Colombia, también enfrenta resistencias por parte de sectores tradicionales del país. La Corte Constitucional, por ejemplo, declaró inexequible una parte del marco normativo que aceleraba los procesos de entrega, lo que ralentiza el avance de la reforma. Además, la Procuraduría General y algunos congresistas han cuestionado el plan, sugiriendo que podría estar siendo mal implementado.
Frente a estos obstáculos, Pineda reiteró el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras con la reforma agraria y la disposición al diálogo con las comunidades. “Entendemos la frustración de los campesinos, pero es fundamental que respeten los procedimientos legales. La tierra no se entrega de manera inmediata. Hay que cumplir con ciertos trámites”, destacó. Además, hizo un llamado para evitar la violencia y los bloqueos, que no solo afectan a las comunidades, sino también a la economía del departamento y del país en general.
Finalmente, la funcionaria aseguró que las denuncias contra Hugues Rodríguez y su presunta relación con el cartel de la tierra están siendo analizadas y que la ANT ha transferido toda la información pertinente a las autoridades para su investigación. En cuanto a la pregunta sobre las pruebas de estas denuncias, Pineda aclaró que la Agencia está recopilando los elementos necesarios para que el caso avance judicialmente, aunque no proporcionó detalles específicos.
