Los ladrilleros de las veredas de Las  Casitas y El Cielo, se encuentran muy preocupados pues están destinados a desaparecer, como ya lo hicieron las ladrilleras de La Montañita y Valencia, quedando solo dos de las cuatro ladrilleras que existían en el municipio de Valledupar, sumándole también la del municipio de San Diego.

Las Casitas es una vereda que tiene más de 1.600 habitantes, 1.100 de ellos en la zona urbana, y 500 en la zona rural, una comunidad donde el 99% de la población vive de la alfarería, vive de producir ladrillos de manera artesanal, y hoy se sienten abandonados y cansados de que las administraciones les prometan y no cumplan en dignificar su trabajo.

Fernando Oliveros Escobar, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Casitas, y representante de los ladrilleros, manifestó  que hace un año exactamente les advirtió a los entes territoriales que los iban a multar, y que necesitan ayuda para superar esta crisis, pero hoy un año después la ladrillera Las Casitas, tiene una multa de 214 millones de pesos, emitida por la Agencia Nacional de Minería, ordenando también suspender de manera inmediata las labores que desempeña la ladrillera_,  esto debido a que los trabajadores no cuentan con la seguridad social, pero según manifiesta el representante de los ladrilleros, no están en situación económica para pagar 300 mil pesos por empleado, porque viven el día a día.

Los ladrillos de Las Casitas crean alrededor de 700 empleos directos, produciendo el llamado ladrillo bocadillo o panelon; un trabajador en este arte, gana alrededor de 25 mil pesos diarios, y no labora todos los días, pues los fenómenos ambientales también los perjudican a ellos, es así, que en esta época de sequía, tienen que limitar su trabajo, ganando menos de un salario mínimo.

La Gobernación del Cesar en cabeza de la Secretaria de Minas, Carmen Galvis, realizó  un convenio con el Ministerio de Minas y Energía, con un presupuesto de 2.100 millones de pesos desarrollado en el 2018 para formalizar a los ladrilleros.  Pero según Oliveros este recurso fue gastado en 30 ingenieros de minas, que solo fueron a dictar charlas.

“Legalizaron un presupuesto con nosotros, eso fue lo que hizo la Secretaria de Minas departamental, nos utilizaron para usar recurso propio del Estado, pero sobre todo para robar el patrimonio y pasar por encima de una comunidad tan vulnerable como la nuestra”dijo Fernando Oliveros.

Según el presidente de la junta de esta comunidad, ya La Agencia Nacional de Minería, dio la orden de desalojar en un plazo de tres meses, eso quiere decir que las 700 personas que trabajan en la ladrillera Las Casitas y sus familias, entraran a formar parte de la larga lista de desempleados que han puesto al municipio de Valledupar en la quinta ciudad de Colombia con mayor tasa de desempleo.

Por Claudia Agudelo

Redacción Tuperfil.net

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