Valledupar, junio 4 de 2025. El caso del fallecimiento de Hernán Montoya, ocurrido hace aproximadamente 20 días en Valledupar, ha tomado un nuevo rumbo judicial tras la decisión de sus familiares de contratar una firma de abogados para esclarecer los hechos. Montoya, un hombre de 56 años residente en el corregimiento de Guacochito, murió luego de ser atropellado por un camión compactador de basura propiedad del municipio de Manaure.
La situación, que en su momento fue difundida en redes sociales como un posible suicidio, ha sido rechazada por los allegados del fallecido, quienes aseguran que se han dicho cosas sin fundamentos. “Nadie ha salido a decir ‘yo vi que él hizo eso’”, afirmó el abogado César Augusto Castro, representante legal de la familia, en conversación con este medio de comunicación.
Según Castro, las primeras indagaciones han revelado múltiples irregularidades alrededor del vehículo involucrado en el siniestro. “Hemos encontrado muchas inconsistencias respecto al camión recolector de basura que atropelló al señor Hernán Montoya”, sostuvo el abogado. Indicó que el vehículo no contaba con SOAT ni revisión técnico-mecánica al momento del accidente, y que el conductor, identificado como César Augusto Luque Meneses, tenía su licencia de conducción categoría C2 vencida desde febrero.
De acuerdo con el testimonio del abogado, el conductor se retiró del lugar de los hechos y solo se presentó horas más tarde ante la autoridad de tránsito acompañado por su abogado, donde se le practicó una prueba de embriaguez que resultó negativa. Sin embargo, el vehículo fue retirado arbitrariamente del sitio del accidente sin ser inmovilizado, como lo establece la ley en estos casos. “Posteriormente sacaron la revisión técnico-mecánica y el SOAT el 19 de mayo, cuando el accidente ocurrió el 15”, denunció Castro.
El caso ha causado conmoción entre los familiares de Montoya, quienes rechazan con vehemencia la versión de que él se habría arrojado al vehículo por voluntad propia. “El señor salió a hacer ejercicio, tenía una cirugía de corazón abierto de hace nueve años, era mototaxista, humilde, y no tenía deudas ni razones para quitarse la vida”, subrayó el abogado. Añadió que el objetivo de la familia es limpiar su nombre, dado el daño emocional que han sufrido por los rumores infundados.
En cuanto al proceso judicial, la firma de abogados ha solicitado acceso a los informes forenses y continúa recabando pruebas. El informe de necropsia aún no ha sido entregado por Medicina Legal. Por ahora, no se ha planteado ninguna pretensión económica, aunque, debido a la falta de SOAT, los gastos del sepelio podrían ser asumidos por el ADRES, entidad que luego tendría que reclamar al municipio de Manaure.
Finalmente, el abogado Castro cuestionó la falta de controles por parte de las autoridades viales. “Este vehículo se desplaza desde Manaure hasta el relleno sanitario de Valledupar, ¿dónde están los controles de la Policía de Tránsito y la Secretaría de Tránsito?”, concluyó.
Hasta el momento, ni el municipio de Manaure ni la empresa encargada de la recolección de residuos se han comunicado con los familiares de la víctima.
