La decisión de la Asamblea del Cesar de no aprobarle facultades al Gobernador Francisco Ovalle Angarita para contratar, y para adicionar unos recursos del Sistema General de Participación ( SGP) al presupuesto del departamento, no solo deja al mandatario con las manos atadas, sino que afectará importantes sectores, como la educación, la infraestructura, el medio ambiente y la salud.  Tan es así que el primer coletazo producto de esta situación  sería el paro de docentes que se daría a mediados de agosto.

Y es que la posición de los Diputados, dejaría sin poder ejecutar los  7 mil millones destinados para el pago de los salarios de los profesores en el mes de agosto. Estos recursos son destinados por el Gobierno Nacional por medio del SGP, pero para ser usados por el Gobierno Departamental, tiene que aprobarse por la Asamblea la respectiva adición al presupuesto, cosa que negó la Duma en las sesiones extras que finalizaron hace unos días.

Otros que sufrirán por la posición negativa de los Diputados opositores al gobierno de Ovalle Angarita, serán los niños con condiciones especiales. Unos 2.154 niños no podrán recibir atención y educación en los colegios, pues el convenio que tiene el Departamento con el Idreec no podrá ser renovado. De paso, los trabajadores de este instituto que atraviesa por una severa crisis, también se verán afectados por falta de recursos.

La posición tozuda de los corporados, podría derivar también en el robo a planteles educativos, ya que con las manos atadas, el Gobernador Francisco Ovalle no podrá contratar la vigilancia en los colegios, muchos de los cuales se encuentran en zonas de difícil acceso del departamento, por lo que para tener energía eléctrica, el mandatario seccional había  proyectado importantes recursos para la adquisición de paneles solares en reemplazo de las costosas plantas eléctricas. Estos paneles por ahora tendrán que esperar a que los Diputados digan que sí para poder ver la luz.

Una de las consecuencias más preocupantes para el Gobierno de Ovalle Angarita, sería en materia jurídica, ya que el mandatario del Cesar, no podrá cumplir con unas sentencias que conmina a su administración a construir obras como la vía de acceso a la población de El Toco en el municipio de San Diego.

El medio ambiente también se ve afectado por la posición negativa de algunos miembros de la Duma, ya que el humedal de María Camila, no podrá ser adjudicada su construcción debido a que la obra no puede ser contratada por ahora por el Gobernador Ovalle Angarita.

Y si en obras, medio ambiente y educación llueve, por el sector de la salud no escampa. Al Departamento le tocó suspender toda contratación destinada a prevenir enfermedades como el dengue, la meningitis y el VIH en la población venezolana, causando de paso, daños también a las finanzas del hospital Rosario Pumarejo que recibe la carga de la atención a esa población.

Y ni que decir de la población indígena, que en materia de salud la verán negra, si se tiene en cuenta que por ahora Ovalle Angarita no podrá renovar convenios con las EPS que los atienden especialmente en materia de desnutrición.

Con este panorama en cierne, lo único que esperan los cesarenses, es que los miembros de la Duma pongan los intereses del departamento por encima de sus intereses personales, que a todas luces se observa, es lo que ha provocado las trabas que al Gobernador vienen colocando algunos Diputados.

Aprobación en comisión

Por lo menos en las últimas horas el panorama parece estarse aclarando, ya que en desarrollo de la sesión de la comisión económica de la Asamblea llevada a cabo en la tarde de este miércoles, fue aprobado en primer debate el proyecto de ordenanza para darle facultades al Gobernador Francisco Ovalle para contratar. Entre quienes terminaron votando positivamente, estuvieron los diputados Jimmy Waston, Omar Benjumea y Eduardo Santos, quien minutos antes de la sesión había dicho en una entrevista radial que sentaría un precedente votando negativamente el proyecto.

Ahora se espera que se desarrolle la sesión de la plenaria el próximo viernes, en las cuales el Gobierno Departamental, tiene guardadas las esperanzas de que la Asamblea en pleno destrabe la inversión que prevén los proyectos presentados.

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