El gobierno del Cesar, representado por el Secretario de Salud, Nicolás Muhrez, el Secretario de Educación, Jorge Araujo, la Asesora de Política Social, Ingrid Mojica, y la directora de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, María José Páez, presentó ante los delegados del Ministerio del Interior, Eduardo Ruiz Puentes y Marta Clara Díaz, un informe detallado de la situación generada en este departamento a raíz de la migración de ciudadanos venezolanos.

Los funcionarios del alto gobierno llegaron a Valledupar donde lideraron una reunión a la que asistieron además del equipo del gobierno departamental, el Comandante de la Policía Cesar, funcionarios de Migración Colombia, delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y  del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta que, de las entidades del sector salud en el Cesar, esta ha sido la más afectada por los servicios que le viene prestando a esta población por lo cual ha facturado más de 7 mil 200 millones de pesos desde el 2017.

El Secretario de Salud manifestó que, como Departamento, el Cesar ha elevado esta problemática a todos los estamentos. “Hicimos saber al Ministerio de Salud que con corte a 30 de abril la deuda de solo siete hospitales que atendieron a población venezolana pasaba de 8 mil millones de pesos”. “Esto es un tema nacional que está reventando la red pública hospitalaria, el Rosario Pumarejo ha llegado al extremo de que no puede prestar los servicios que puede cobrar para su sostenibilidad porque las camas están ocupadas por pacientes venezolanos”.

Muhrez Muvdi reveló que en el Rosario Pumarejo de López a partir de enero de 2017 a corte de 25 de junio de este año, han nacido 870 niños de mujeres venezolanas y se ha detectado que muchas de estas vienen a que les atiendan el parto y se devuelven para su país. “Los indicadores en salud pública nos están afectando porque se registran enfermedades como hipertensión, diabetes, accidentes cerebro vasculares, fallas renales, cáncer y neumonía”.

Enfatizó el funcionario que el Cesar cuenta con pocos recursos para atender a la población considerada pobre no asegurada, en la cual entran los migrantes venezolanos. “Es cierto que debemos atender a nuestros hermanos venezolanos y acatamos las directrices nacionales, pero si estamos en un Estado social de derechos, y Colombia ha hecho pactos de solidaridad con otros países, se puede acudir a la ayuda internacional, esa solidaridad debe verse reflejada en lo que está pasando con nuestros hospitales”.

El secretario puntualizó que ojalá el clamor que una vez más presenta el Departamento ante el gobierno nacional, no se quede en letra muerta. “Espero que como en reiteradas ocasiones no hayamos venido a perder el tiempo” expresó ante los asesores del Grupo de Gestión de Frontera del Ministerio del Interior.

En cuanto al tema educativo, el Departamento ha cumplido con los lineamientos nacionales y en la actualidad se encuentran matriculados alrededor de 3 mil estudiantes venezolanos en los colegios de los municipios no certificados donde además son asistidos con el servicio de alimentación escolar.

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