El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 11 de marzo su intención de convocar una consulta popular para definir el futuro de sus reformas sociales, luego de que la reforma laboral sufriera un nuevo revés en el Congreso. Ocho de los 14 congresistas de la Comisión VII del Senado radicaron una ponencia para archivar el proyecto, lo que llevó al mandatario a considerar este mecanismo de participación ciudadana como una salida política.
La propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito político. Efraín Cepeda, presidente del Senado, advirtió que un fracaso de la consulta -ya sea porque no alcance el umbral mínimo de participación o porque el pueblo no respalde las reformas- significaría un duro golpe para el Gobierno. “Si el Gobierno dice que es el pueblo quien valida las reformas y el pueblo no las valida, pues yo creo que queda desinstitucionalizado”, expresó Cepeda en La W.
En respuesta, Petro reafirmó su postura y aseguró: “Me arriesgo. Pongo el Gobierno en manos del pueblo”, dejando claro que está dispuesto a jugarse su capital político en este proceso.
No obstante, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló en entrevista con El Tiempo que el Ejecutivo aún deja abierta la posibilidad de negociar la reforma con la Comisión VII del Senado, lo que podría evitar el llamado a consulta.
El antecedente más cercano de este mecanismo en Colombia fue la consulta anticorrupción de 2018, impulsada por Claudia López, que aunque obtuvo más de 11 millones de votos, no alcanzó el umbral requerido para su aprobación. Petro ha utilizado este caso para cuestionar la efectividad de este tipo de consultas.
El panorama aún es incierto. La consulta popular primero deberá ser aprobada en el Senado, y en caso de realizarse, el Gobierno tendrá el reto de movilizar el respaldo ciudadano suficiente para que sus reformas no solo sean validadas, sino también legitimadas en las urnas.
