Valledupar
Amelia Rocío Cotes Cortés, exdirectora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, ha causado revuelo tras ser declarada insubsistente por el ministro del interior, Juan Fernando Cristo. Cotes, una abogada vallenata con un sólido historial en el sector público, y pieza clave de Gustavo Petro en el Cesar, denunció públicamente que su salida no es solo una cuestión administrativa, sino un castigo por razones personales y profesionales que considera injustas.
En entrevista con este medio, Cotes expresó su sorpresa y frustración ante la decisión del ministro. «Me castigan por parir», aseguró la exfuncionaria, refiriéndose a su reciente maternidad. Cotes explicó que, durante su licencia de maternidad y enfermedad, el Ministerio del Interior no solo la mantuvo conectada laboralmente, sino que también le negó sus derechos laborales, como el pago de prestaciones sociales. «Es un absurdo que una mujer, por el hecho de dar a luz, pierda sus derechos laborales», afirmó, destacando que no ha recibido el pago correspondiente a su salario retroactivo ni las bonificaciones de mitad de año.
La exfuncionaria también detalló cómo su enfermedad fue utilizada en su contra. Durante su embarazo, Cotes sufrió complicaciones que la llevaron a estar hospitalizada durante más de diez días en una clínica en Valledupar. A pesar de ello, fue presionada para continuar con sus responsabilidades laborales durante su licencia. «Se me castigó por enfermarme», dijo, aludiendo a las múltiples incapacidades que tuvo que tomar y que fueron comunicadas a su empleador sin recibir el apoyo necesario.
Pero las acusaciones de Cotes van más allá de la discriminación por maternidad y enfermedad. En su intervención, mencionó un tercer motivo por el cual cree que fue destituida: haber denunciado acoso laboral. Según Cotes, presentó varias quejas formales sobre acoso laboral dentro del ministerio, que fueron ignoradas hasta el día anterior a su declaración de insubsistencia. «Se me castiga por hacer denuncias que incomodaban a ciertos sectores del ministerio», declaró, sugiriendo que sus denuncias no fueron bien recibidas por sus superiores.
Cotes también hizo una grave acusación sobre posibles actos de corrupción y lavado de activos a través de iglesias evangélicas, lo que, según ella, sería la razón principal de su salida. En sus palabras, ha estado investigando y denunciando posibles irregularidades en la legalización de personerías jurídicas de iglesias evangélicas, que podrían estar relacionadas con lavado de activos, especialmente en la ciudad de Cúcuta. «Denuncié estas irregularidades ante la Fiscalía y la Superintendencia Financiera, pero en lugar de recibir apoyo, fui declarada insubsistente», afirmó.
Cotes reveló detalles de su investigación sobre una iglesia evangélica en Cúcuta, que cuenta con alrededor de 40,000 miembros y es dirigida por un pastor muy conocido en la región. Según Cotes, los hijos de este pastor están detenidos en Estados Unidos por presunto lavado de activos, y la iglesia ha estado solicitando cambios en la revisoría fiscal y representantes legales, lo que ella considera sospechoso. «No soy jueza ni fiscal, pero como funcionaria pública, tengo la responsabilidad de denunciar situaciones irregulares», subrayó.
Cotes también señaló la relación cercana entre esta iglesia y el ministro Juan Fernando Cristo, así como con una senadora de Cúcuta, quien anteriormente fue directora de Asuntos Religiosos cuando Cristo ocupó el mismo cargo de ministro del Interior. Según Cotes, tras una reunión en la Superintendencia Financiera donde expuso sus hallazgos, el ministro Cristo participó en un evento organizado por la senadora y la iglesia en cuestión, lo que aumentó sus sospechas.
La exdirectora lamentó la falta de apoyo institucional para investigar y enfrentar estas situaciones, resaltando que su destitución fue una represalia por exponer estos temas. «Creo que el ministro Cristo estuvo mal asesorado y tomó una decisión acelerada por ego», afirmó, dejando en claro que no se quedará callada ante lo que considera una violación de sus derechos laborales y personales.
Cotes concluyó diciendo que seguirá denunciando estas irregularidades, no solo en su nombre, sino en representación de todas aquellas personas que enfrentan situaciones similares en silencio. «Tengo 18 años en la administración pública y no me voy a quedar callada ante las vulneraciones a la dignidad y los derechos humanos», finalizó con firmeza.
