Calamar, Guaviare. Julio 2 de 2025. La Fiscalía General de la Nación confirmó uno de los hallazgos más estremecedores del año: una fosa común con ocho cuerpos fue encontrada en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Según las investigaciones, las víctimas eran campesinos, líderes comunitarios y un pastor evangélico, todos provenientes principalmente de Arauca, que habían llegado a la región en busca de oportunidades y espacios para reconstruir su vida.
El fiscal delegado para la criminalidad organizada, Raúl González, reveló detalles que estremecieron a la opinión pública. En entrevista con Mañanas Blu, González explicó que los ocho fueron obligados a cavar la fosa donde minutos después serían ejecutados. “Fueron asesinados bajo la acusación, sin pruebas, de tener vínculos con el ELN”, dijo.
Citados y ejecutados por presuntos nexos con el ELN
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron a inicios de abril de 2025, cuando integrantes del Frente Armando Ríos, parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, convocaron primero a dos de las víctimas a la vereda Agua Bonita Media, zona rural de Calamar. La excusa: verificar supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que tiene fuerte presencia en Arauca, de donde procedían los asesinados.
Tres días después, otros seis líderes fueron citados bajo el mismo argumento. La Fiscalía estableció que todos fueron interrogados, ejecutados con armas de fuego y enterrados en la fosa clandestina que ellos mismos cavaron bajo amenaza de muerte.
La revelación fue posible gracias a la captura de un miembro de la estructura criminal, en cuyo teléfono se hallaron imágenes que mostraban a las víctimas con vida y luego muertas. “Encontramos una secuencia de fotografías que permitió ubicar la fosa y comprobar la atrocidad de lo ocurrido”, explicó González.
Campesinos, líderes barriales y un pastor entre los asesinados
Los cuerpos fueron identificados como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. La mayoría se dedicaba a actividades agrícolas, liderazgo social y comunitario. Ninguno de ellos pertenecía a algún grupo armado ni partido político.
“Eran familias campesinas que buscaban dónde rehacer su vida”, señaló el fiscal González. Uno de los nombres que más llama la atención es el del pastor evangélico, quien, según la Fiscalía, tenía un liderazgo clave en la comunidad. “No predicaba en una gran iglesia, pero sí en espacios comunitarios, llevando mensajes de unión y fe”, agregó González.
De hecho, varias de las víctimas promovían iniciativas para cultivar pequeñas parcelas, comercializar productos y organizar actividades religiosas en zonas apartadas de Calamar, un municipio duramente golpeado por la violencia y el control territorial de grupos armados ilegales.
Un patrón que se repite: desconfianza y “limpieza” armada
Según las autoridades, este crimen revela un patrón que se ha consolidado en varias regiones del país bajo dominio de las disidencias de las FARC: la persecución de personas foráneas, especialmente si provienen de departamentos con presencia de estructuras rivales como el ELN.
“Ellos manejan un control extremo del territorio y cuando perciben una posible infiltración, ejecutan acciones preventivas bajo su propia lógica criminal”, indicó el fiscal González, quien no descartó que este modus operandi pueda repetirse en otras zonas de influencia de las disidencias.
El municipio de Calamar, enclavado en el sur de Colombia, es considerado uno de los puntos más críticos en la disputa entre grupos armados por rutas de narcotráfico, control social y cobros extorsivos. Bajo este escenario, las comunidades quedan atrapadas entre la intimidación y la violencia.
La orden habría salido del entorno de alias ‘Iván Mordisco’
La Fiscalía asegura que la ejecución fue planeada y autorizada por la cadena de mando del Frente Primero, que hace parte del Estado Mayor Central, grupo disidente liderado por alias ‘Iván Mordisco’. Hasta el momento, su participación directa no ha sido confirmada, pero la información apunta a que se habría dado la orden de manera interna como parte de una “depuración” en la zona.
“Desafortunadamente, siempre hay fallas. Estas situaciones no deberían ocurrir. Vivimos niveles de violencia que exigen mayor responsabilidad del Estado para proteger a los ciudadanos”, lamentó González.
Mientras tanto, avanza la exhumación de los cuerpos y los procedimientos de entrega digna a sus familias. Las imágenes halladas en el celular del detenido resultaron clave para reconstruir la ruta de este crimen y ubicar la fosa clandestina en un paraje boscoso de difícil acceso.
Autoridades refuerzan presencia en la zona
Las autoridades han iniciado operativos para desmantelar la estructura responsable de esta masacre. Sin embargo, líderes de derechos humanos insisten en que se necesitan medidas más contundentes para garantizar la seguridad de comunidades desplazadas, líderes barriales y promotores de proyectos comunitarios, que suelen convertirse en objetivo de estos grupos ilegales.
En medio del dolor, familiares y comunidades reclaman que estos hechos no queden en la impunidad y que el Estado garantice condiciones mínimas de protección para quienes lideran procesos sociales en territorios disputados.
