Valledupar, septiembre 26 de 2024
El Juzgado Quinto Penal Municipal de Valledupar emitió un fallo significativo en favor de una menor de edad, tras la interposición de una acción de tutela por parte de su madre, Margarita Rosa Díaz Barros. La acción se dirigió contra el Colegio Domingo Savio y la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, debido a la retención del certificado de estudios de la niña, lo que se consideró una clara violación de su derecho a la educación.
La madre de la estudiante, había firmado un contrato de prestación de servicios con el colegio, donde la menor había cursado y aprobado satisfactoriamente los grados del primero al octavo. Sin embargo, por circunstancias económicas adversas, no pudo cubrir la pensión correspondiente al octavo grado, acumulando una deuda de $5.200.000. Ante esta situación, Díaz Barros solicitó la intervención de la Secretaría de Educación Municipal para que el colegio suscribiera un acuerdo de pago que permitiera a la menor matricularse en otra institución educativa.
A pesar de que el colegio accedió a un acuerdo y la madre cumplió con el pago de una primera cuota de $1.000.000, la institución educativa retuvo los certificados de notas de la menor. Esto impidió que la estudiante pudiera continuar sus estudios en un nuevo colegio, generándole ansiedad y problemas psicológicos, de los cuales se hace seguimiento por parte de su actual institución.
El Juzgado Quinto Penal, al evaluar el caso, determinó que la retención de los certificados por parte del Colegio Domingo Sabio constituía una vulneración de los derechos fundamentales de la menor. El juez argumentó que “la retención del certificado impide la correcta vinculación a la nueva institución educativa”, subrayando la obligación de las instituciones educativas de garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, independientemente de las dificultades económicas que enfrenten los padres o responsables.
En el fallo, se ordenó al Colegio Domingo Savio que en un plazo de 48 horas entregara el certificado de estudios correspondiente al grado 8°. Asimismo, el juez desvinculó a la Secretaría de Educación Municipal de la acción, argumentando que no tenía legitimación en la causa.
“ La Personería brindó todo el acompañamiento a la asesoría y ella actuó como agente oficioso de su familiar y bajo los presupuestos fácticos y jurídicos, el señor juez decidió amparar los derechos y conceder la tutela por esta violación sistemática de los derechos fundamentales a un menor de edad a acceder a la educación, a la continuidad de su proceso académico en otra institución educativa” dijo el Personero Auxiliar Belisario Jiménez a Tuperfil.Net.
Añadió que “ logramos liberar el SIMAT y que se le pidiera por orden judicial el certificado de octavo el cual estaba siendo retenido de manera irregular e ilegal por parte de la rectora del colegio Domingo Savio” acotó el abogado Jiménez.
Este fallo resalta la importancia de garantizar el derecho a la educación, un derecho fundamental consagrado en la Constitución Colombiana. La decisión del juzgado también se alinea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha establecido que la retención de documentos académicos por deudas no puede obstaculizar el acceso a la educación.
La situación de la estudiante es un recordatorio de los desafíos que enfrentan muchos estudiantes en Colombia, especialmente en contextos económicos difíciles. La acción de tutela promovida por su madre refleja la lucha por garantizar que la falta de recursos no limite las oportunidades educativas de los menores.
Con este fallo, se espera que las instituciones educativas revisen sus políticas respecto a la retención de documentos académicos y consideren la situación particular de los estudiantes y sus familias, promoviendo así un ambiente educativo inclusivo y justo.
Este caso, además, podría abrir la puerta a investigaciones administrativas sobre las prácticas del Colegio Domingo Savio, ya que se solicitó al juez que compulse copias a la Secretaría de Educación para evaluar las acciones de la institución en relación con el cumplimiento de los derechos educativos de sus estudiantes.
