Valledupar, febrero 10 de 2025. Carlos Andrés Ochoa, directivo sindical de la empresa Drummond, denunció un grave abuso por parte de la IPS Virrey Solís, que afecta a más de 6.000 trabajadores del sector minero. Según Ochoa, la IPS está impidiendo que los empleados obtengan certificados de asistencia médica para justificar su ausencia en la empresa, a pesar de tener citas programadas con médicos generales o especialistas.
«Ellos (la IPS) nos dicen que no tienen la directriz de darle la certificación de asistencia médica a los trabajadores mineros», afirmó Ochoa, añadiendo que el problema radica en que la IPS exige a los trabajadores presentar su historia clínica como justificación de las citas médicas. Sin embargo, según la ley, este documento es privado y solo debe ser conocido por el médico tratante y el paciente, por lo que Ochoa considera que esta exigencia es ilegal.
Este inconveniente ha generado gran malestar entre los trabajadores mineros, ya que, como parte de la convención colectiva, tienen derecho a un día de permiso para asistir a citas médicas. La empresa Drummond, por su parte, no es responsable de la negativa de la IPS, pero requiere que los trabajadores presenten la certificación de asistencia para justificar la ausencia.
El directivo sindical también relató una experiencia personal durante su cita con Medicina General en Valledupar, donde fue atendido por la médica Lizette Cepeda, quien «fue grosera» y le informó que no podía proporcionar el certificado. Ochoa cuestionó la decisión de Cepeda, destacando que no le explicaron quién había prohibido la entrega de las certificaciones.
Como medida para solucionar este problema, Ochoa mencionó que el sindicato presentará una queja formal y solicitará una reunión con la directiva de Salud Total y los responsables de la salud laboral en el complejo minero.
«Vamos a elevar una queja y pasar un oficio para reunirnos con la directiva de Salud Total y los secretarios de salud de las diferentes organizaciones sindicales», concluyó Ochoa.
Esta situación pone en evidencia una posible violación a los derechos de los trabajadores mineros y genera incertidumbre sobre la gestión de la atención médica en el sector. Se espera que la denuncia prospere para garantizar una pronta solución a este conflicto.
