Por irregularidades en un contrato valorado en $20.453.932.366 la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez.

El contrato suscrito en 2016 entre la Gobernación del Cesar con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics) tuvo como fin la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”.  

Para la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 no hubo transparencia y responsabilidad de la contratación estatal. “No existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015”, explicó la Procuraduría.

Esto llevó a que se presentara un solo proponente y no hubiese una comparación de ofertas en los que la Gobernación de La Guajira pudiera elegir. Por otro lado, el organismo de control ya había publicado un informe en el que anunciaba las irregularidades que había con este contrato. 

“El fallo cobija también a la exsecretaria de Educación, Bely Gnecco; al exdirector operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años”, informó la Procuraduría.

Esta es una sanción de primera instancia y por lo tanto Oneida Pinto tiene la posibilidad de proceder al recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

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