La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de cinco meses al exalcalde de Valledupar, Cesar, Fredys Socarrás Reales quien ejerció entre 2012 y 2015, el acto se ciñe a irregularidades en contrato para la adquisición de mobiliario para aulas escolares en diferentes instituciones del municipio, por más de $1.500 millones.
El ente dejo ver que el exalcalde incurrió en falta disciplinaria al suscribir el pliego de condiciones que rigió el proceso de Subasta Inversa No. SASI 015-2015, donde fueron incluidas condiciones restrictivas y discriminatorias de la libre concurrencia de oferentes.
Por los mismos hechos, el ente de control sancionó con suspensión de ocho meses al exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Valledupar, Mery María Romero Mestre (2013-2015), por adjudicar la subasta inversa a través de la Resolución No. 003892; y celebrar el Contrato No. 784 del 28 de diciembre de 2015.
De acuerdo al órgano de control, los exfuncionarios transgredieron los principios de transparencia y de selección objetiva al solicitar a los oferentes, entre otras cosas, contratos exclusivamente con entidades públicas para acreditar la experiencia, con una sumatoria igual o superior a seis veces el presupuesto oficial del contrato. La falta de los disciplinados fue calificada como gravísima a título de culpa grave. Contra este fallo de primera instancia procede el recurso de apelación.
De otro lado, en otro pronunciamiento de la procuraduría se supo que, esta entidad, dejó en firme sanción de seis meses al senador Didier Lobo de Cambio Radical, por hechos ocurridos cuando se desempeñó como alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.
La sanción se dio por sobrecostos superiores a los tres mil millones de pesos del contrato 340 de 2012, celebrado con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios. También se mantuvo la inhabilidad por 10 años a la ex secretaria de Salud del municipio de La Jagua de lbirico, Cenith Mireya Echávez.
La Procuraduría señaló que Didier Lobo, junto a su secretaria de salud para la época, aprobó el contrato que generó sobrecostos de $3.919’048.122.60.
