Bogotá, diciembre 9 de 2024. El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue generando graves repercusiones políticas y judiciales, afectando al Gobierno de Gustavo Petro y al Congreso de la República. A medida que avanza la investigación, las consecuencias se amplían.
Este miércoles, la justicia decidirá si la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, es enviada a prisión. Según la Fiscalía, Ortiz habría sido la “mensajera” encargada de entregar tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, bajo la dirección del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. Aunque Ortiz niega las acusaciones y afirma que las probará en juicio, la Fiscalía sostiene que existen pruebas y testimonios que la vinculan con los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia continuará con las diligencias de indagatoria esta semana, interrogando a los seis congresistas que, según testimonios y pruebas, habrían aceptado emitir su concepto sobre empréstitos de la Nación a cambio de contratos en la UNGRD en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, por un valor total de 92 mil millones de pesos. La Fiscalía sostiene que estos contratos fueron direccionados por orden del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo cual ha sido corroborado por su exasesora María Alejandra Benavides.
Ahora, Bonilla tendrá que preparar su defensa ante la Fiscalía, mientras que Diego Guevara, el nuevo ministro de Hacienda, enfrenta la probable derrota política que traerá consigo el hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria en el Congreso. El escándalo de la UNGRD ha dejado en suspenso numerosos debates legislativos, aumentando la incertidumbre política en el país.
