Valledupar, octubre 24 de 2024. La situación de los apartamentos en la urbanización Hernando Marín se ha vuelto crítica, con informes de invasiones por parte de personas que buscan un lugar donde vivir. Muchos de estos inmuebles, entregados bajo subsidios durante el gobierno de Freddy Socarrás, han quedado desocupados, lo que ha propiciado que familias en necesidad intenten ocuparlos ilegalmente.
En un diálogo con TUPERFIL.NET, Gabriel Pineda Arregocés, gerente de Fonvisocial, abordó la problemática indicando que. “Lamentablemente, muchos de estos apartamentos no están ocupados por las personas que fueron beneficiadas en su momento”, explicó. Pineda indicó que la situación ha empeorado en los últimos días, cuando se recibieron quejas de invasiones en la torre B, particularmente en la manzana Los Maestros.
“Algunas personas han afirmado que Fonvisocial les dio autorización para invadir estos apartamentos, lo cual es completamente falso”, subrayó Pineda. La mayoría de los apartamentos se encuentran en abandono, y, según el gerente, “muchos beneficiarios optaron por no habitar sus inmuebles, quedándose en condiciones precarias en la margen derecha, expuestos a la creciente del río y a la inseguridad”.
El gerente de Fonvisocial también mencionó que estas invasiones han sido aprovechadas por grupos que utilizan los apartamentos para actividades delictivas, como el tráfico de drogas. “Hay un problema serio que hemos detectado: los apartamentos que son invadidos a menudo se utilizan para delinquir”, afirmó.
Frente a esta situación, la administración del alcalde Ernesto Orozcoo ha decidido tomar medidas. “No solo vamos a buscar desalojar, sino que haremos un censo para verificar quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos apartamentos”, añadió Pineda. Esta iniciativa buscará organizar la situación habitacional y asegurar que las viviendas se destinen a quienes realmente las necesitan.
Pineda también hizo un llamado a los propietarios legítimos: “Habiten sus apartamentos. Si no lo hacen, corren el riesgo de perderlos. Queremos que las personas vivan en sus hogares, paguen su cuota de administración y eviten que el Ministerio de Vivienda tome acciones en su contra”.