Valledupar, octubre 11 de 2024… Dos contratistas de la Alcaldía de Valledupar están seriamente implicados en un presunto caso de corrupción, luego de ser denunciados por parte de la propietaria de una obra civil que se adelanta en el barrio Dangond de esta ciudad. Según la ciudadana, quien pidió mantener en reserva su identidad, los dos funcionarios le exigieron la suma de 3 millones de pesos, a cambio de no frenar las obras de remodelación que ella ordenó adelantar en su propiedad.
En una entrevista de TUPERFIL.NET con el abogado de la denunciante, se detalló cómo los contratistas, identificados como Pedro Núñez y Jorge Daniel Ramírez, abordaron a los trabajadores de la obra el 10 de octubre. Los funcionarios, que se presentaron como empleados de la Oficina de Obras Públicas, llegaron de manera agresiva y solicitaron documentos que la propietaria ya poseía, argumentando que faltaban permisos necesarios para continuar con la construcción.
El abogado, quien pidió mantener su identidad en reserva, explicó que los contratistas fueron captados en video mientras exigían el pago. “Ellos entraron al sitio, preguntaron por los permisos y, a falta de documentación que ellos alegaban, dijeron que necesitaban tres millones de pesos para evitar que la obra fuera paralizada”, manifestó.
La propietaria de la obra, al recibir la presión de los contratistas, decidió contactar a su abogado. Tras una serie de llamadas, se activó un protocolo de emergencia que incluyó la llegada de la policía. Aunque los funcionarios fueron detenidos en la cercanía de la obra, fueron liberados tras una llamada que corroboró su vinculación laboral con la Alcaldía, lo que generó aún más inquietudes sobre la integridad del proceso.
“Este tipo de situaciones son comunes en Valledupar. Muchos constructores enfrentan este tipo de extorsiones, y no se trata de un caso aislado”, indicó el abogado. “Estamos en la búsqueda de justicia y planeamos presentar una denuncia formal ante la Procuraduría y la Fiscalía”.
La obra en cuestión consiste en la construcción de dos plantas para apartamentos destinados a vivienda familiar. La situación ha generado un gran revuelo en la comunidad, que pide transparencia y una investigación exhaustiva sobre el manejo de los recursos públicos por parte de la administración local.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado su apoyo a la denunciante, subrayando la importancia de que se tomen acciones para frenar estas prácticas corruptas y proteger a los ciudadanos de la extorsión.
