La estabilidad laboral reforzada para mujeres embarazadas y en lactancia en Colombia es un pilar fundamental para la equidad de género. Normas como el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y sentencias de la Corte Constitucional han garantizado, al menos en papel, un blindaje contra despidos injustificados. Sin embargo, la realidad muestra un camino lleno de obstáculos que estas trabajadoras aún deben recorrer.
En un país donde la informalidad laboral supera el 50%, según la OIT, las garantías legales suelen quedarse en los textos normativos sin traducirse en protección efectiva. Muchas mujeres embarazadas enfrentan la difícil decisión de denunciar despidos injustos, sabiendo que el proceso legal puede ser costoso y desgastante. Este problema no solo afecta su bienestar, sino también el de sus familias, perpetuando ciclos de desigualdad que impactan el desarrollo social y económico del país. El rol de las empresas y el Estado, más allá del marco legal, la cultura organizacional tiene un rol protagónico. Un entorno laboral que valore y respete la maternidad no debería considerar la gravidez como una limitación profesional, sino como una etapa natural que las organizaciones deben saber gestionar.
Lamentablemente, las políticas públicas no siempre están alineadas con esta visión. El Estado debe fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción para garantizar el cumplimiento del fuero de maternidad.
La Defensoría del Pueblo, en su informe de 2019, destacó que muchas mujeres desconocen sus derechos laborales, lo cual impide el ejercicio pleno de las protecciones legales existentes. Por ello, es urgente implementar campañas educativas dirigidas tanto a trabajadoras como a empleadores para fomentar una cultura laboral inclusiva, hacia una estabilidad real .
A pesar de los avances, queda mucho por hacer para garantizar que las madres trabajadoras gocen de una estabilidad real.
La Ley 1800 de 2017 y sentencias como la T-263 de 2020 son pasos importantes, pero su impacto se diluye sin un cambio estructural que abarque tanto el sector formal como el informal. Las soluciones pasan por políticas integrales que no solo protejan a las mujeres en estado de embarazo, sino que también incentiven a las empresas a adoptar prácticas más inclusivas. Por ejemplo, beneficios fiscales para organizaciones que promuevan la equidad de género o la creación de programas específicos de capacitación para madres jóvenes pueden ser estrategias efectivas.
Conclusión
La estabilidad laboral reforzada es mucho más que una herramienta legal; es un compromiso con la equidad y el bienestar de miles de familias colombianas.
Garantizar su cumplimiento no solo es un deber legal, sino una necesidad ética y social que debemos asumir colectivamente. Solo cuando entendamos que proteger a una mujer embarazada en su lugar de trabajo no es un privilegio, sino un derecho, habremos dado un paso significativo hacia una sociedad más justa y equitativa.
Por Mildreth Ascanio
