Al mencionar que la Constitución Política señala que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento en Colombia, el Presidente Iván Duque afirmó que “no se construye una paz estable si se es tolerante con la criminalidad”.
A renglón seguido, dijo que ese propósito de la paz estable tampoco es posible “si la labor de seguridad y justicia no va acompañada, en la otra mano, de la acción integral y social del Estado”, lo cual ha sido la línea de trabajo de este Gobierno.
La declaración la hizo el Jefe de Estado este miércoles durante su saludo al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, ceremonia que se realizó en la Casa de Nariño y a la cual asistieron 92 personas, entre embajadores y representantes de organismos internacionales.
El Mandatario recalcó que su Gobierno contribuirá a que las “personas que genuinamente están haciendo una transición hacia la reincorporación, para dejar el camino de la violencia”, la hagan de una manera exitosa.
“No hemos tenido ningún tipo de duda en seguir adelante con facilitar los procesos y proyectos productivos que les permiten a esas personas hacer esa transición”, sostuvo.
Sin embargo, reiteró que quienes pretendan seguir el camino de la ilegalidad y del delito solo recibirán una respuesta contundente de las instituciones del Estado, con su “capacidad disuasiva, ofensiva y sancionatoria”, con el fin de defender a los colombianos.
El Presidente afirmó que este es el mensaje que le ha transmitido a la comunidad internacional, y agradeció que la Organización de Naciones Unidas, con sus respectivas misiones de observación, reconozcan el talante de su Gobierno.
El reto de los líderes sociales
Así mismo, el Mandatario se refirió a los homicidios de los líderes sociales, a los que calificó de “bochornosos” y “crueles”.
Hizo énfasis en que ha invitado a la comunidad internacional a “contribuir y a observar, con nosotros, cuáles son las mejores decisiones a adoptar en temas tan sensibles”, como el asesinato de los líderes sociales.
Puso de presente que su Gobierno no dejará de cumplir su deber constitucional de perseguir y desmantelar las estructuras criminales responsables de las acciones violentas contra los líderes sociales, ni de buscar las mejores medidas para la protección individual y colectiva de estas personas.
