A dos meses de cumplirse 20 años de la desaparición de siete agentes del CTI en el Cesar, sus familiares se preparan para conmemorar la fecha. Con el fin de adelantar dichos preparativos, este fin de semana, miembros de las siete familias, se reunieron en Valledupar, para ultimar detalles de los actos que tienen previsto realizar el próximo 9 de marzo, último día que vieron con vida a los agentes, quienes habían sido enviados a adelantar la exhumación de un cuerpo en zona rural del municipio de La Paz.
Estas actividades están siendo coordinadas por los familiares en compañía del Fondo Alemán de Solidaridad con los Jueces, Fasol, una ONG que desde el mismo año que ocurrió la desaparición de los siete agentes del CTI, emprendieron el acompañamiento a sus familiares.
En este caso es evidente que el Estado ha tenido deficiencias en la atención, aunque haya habido voluntad de personas en particulares, pero no de las instituciones de manera constante. Así lo indicó Jesús Lozano, asesor jurídico de Fasol.
Este caso de los agentes del CTI desaparecido es emblemático en Colombia, y de hecho en el mundo según indicó Lozano, al señalar que esto precisamente le da relevancia.
Cabe destacar que de acuerdo con Lozano, siendo el Cesar un departamento no muy grande, tiene una tasa de desaparecidos muy alta, si se tiene en cuenta que existen unas tres mil o 4 mil personas en condición de desaparecidas en esta zona del país.
Una de las cosas que más preocupa en este caso, es la situación económica de las familias de los agentes desaparecidos. A decir de Carlos Ojeda Sierra, director de la ONG Fasol, ha habido un acompañamiento constante, con el fin de que sean resarcidos monetariamente, cosa que no ha ocurrido lamentablemente con todos y en las condiciones que se esperan.
El propósito de este apoyo que brindan estas organizaciones que han venido rodeando a los familiares de los agentes desaparecidos, es saber al final que pasó con ellos, y donde se encuentran los restos para entregarlos.
Por últimos Carlos Ojeda Sierra, señaló que la Fiscalía ha tenido un papel fundamental en la búsqueda de estos cuerpos, pero cuestionó que los responsables de este hecho, han recibido beneficios jurídicos, sin haberse cerrado el ciclo para los afectados.
