La Ruta del Sol, que se construye en gran parte en el departamento del Cesar, le viene saliendo muy caro al departamento. Así se desprende de una investigación que hizo el gobierno de Luis Alberto Monsalvo.

Dicho estudio revela que la mega obra viene generando graves e irreparables daños ambientales en las fuentes abastecedoras de acueductos municipales y veredales del departamento.

Adicionalmente a la problemática ambiental y social derivada de la explotación de carbón de la zona centro del Cesar, actualmente se desarrolla el proyecto Ruta del Sol, que cruza de sur a norte gran parte de los centros poblados del departamento, y que también llegó atropellando los derechos de los cesarenses

Así se lo dio a conocer el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI durante una reunión en la que participaron además alcaldes del Cesar.

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Allí el mandatario indicó que debido a la necesidad de conseguir material de construcción con la calidad requerida por el proyecto, se ha generado un aumento insostenible de la producción.

Durante el encuentro, Monsalvo le dijo al director de la ANI, Luis Fernando Andrade que producto de esta situación, hoy se registra en el Cesar desviación de cauce de ríos, procesos de sedimentación y de erosión, incumplimiento de la normatividad vigente, dado que las profundidades de la operación superan los 1,5 metros permitidos, y ampliación de cauces, entre otras.

Incumplen normatividad ambiental

Monsalvo agregó que el problema es más de fondo porque hasta la fecha Ruta del Sol en los tramos II y III,  en el marco de los contratos de concesión suscritos por la Agencia Nacional de Infraestructura con Consol y Yuma respectivamente, ha incumplido la normatividad ambiental vigente en los casos que las explotaciones son operados directamente por ellos, mediante la figura de autorización temporal y agregó que hasta la fecha no cuentan con la totalidad de explotaciones legales en el departamento que garanticen el volumen y la calidad del material requerido para el proyecto, lo que los ha llevado a adquirir material en explotaciones con una expectativa de legalización, y en algunos casos ilegales.

“En algunos municipios del departamento, además, ha sido posible evidenciar que las empresas con el ánimo de evitar la inversión del 1% del total del proyecto en la protección de las cuencas, de acuerdo a los establecido en el Decreto 1900 de 2006, han optado por evitar tramitar permisos de concesión de agua superficial o subterránea, para terminar comprando agua potable a los acueductos municipales que presentan problemas de desabastecimiento”, dijo el mandatario.

Actualmente, las empresas no han considerado el entorno social como variable en el marco del desarrollo del proyecto, con lo que se evidencia deficiencia en la socialización del proyecto, disconformidad de las comunidades afectadas y a la fecha, no han propuesto soluciones coherentes que compensen las afectaciones sociales y económicas generadas por el desarrollo del proyecto, agregó.

 

 

 

 

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