Se realizó Jornada de movilización y acompañamiento a las comunidades en reasentamiento del departamento del Cesar.
En la Jornada pensada principalmente en los corregimientos, El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón, se convocó una asamblea departamental en la ciudad de Valledupar, con el fin de hacer un diagnostico desde las comunidades sobre los reasentamientos involuntarios en el centro del Cesar.
En el encuentro se contó con la participación de pobladores de las comunidades en mención, La Defensoría, acompañantes de ONG internacionales como Justicia en los trillo, Justicia Global en Brasil, CEPA Bolivia, BP argentina y se convocó a la Autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA), La Contraloría y la Procuraduría, quienes no asistieron al evento.
Dentro de los principales expositores, estuvo Julio Fierro, geólogo y docente de la Universidad Nacional, quien habló de los impactos ambientales que ejerce la minería sobre el agua, pero además resaltó que debería cesar hoy la explotación minera en el departamento, hacer los estudios a profundidad de los impactos generados en el aire, agua y tierra, para poder tomar unas decisiones sustentadas, que piensen en el bienestar de los pueblos y no únicamente en las regalías.
“Algunos estudios entre ellos los realizados por la Contraloría y universidades como la de Cartagena y la Sinú han establecido que la minera genera serios daños en salud de los trabajadores, daños genómicos en la carga genética de roedores, iguanas y la acumulación de especies toxicas en la vegetación, en poco tiempo tendríamos un ambiente muy degradado que se reflejaría en un déficit de la salud de las poblaciones” sostuvo el docente de la Universidad Nacional.
Esto no sería novedad si se tiene en cuenta que en el Informe de la secretaria de Salud departamental 2011, se determinó que en El Hatillo más del 50% de la población presentaba enfermedad respiratoria, de la piel y de los ojos; pero la cruda realidad es que hoy las autoridades mineras objecionan ante dichos resultados, indicando que se debe demostrar que estas anomalías no se presentaban antes de la llegada de la explotación minera.
La vereda de Plan Bonito, hoy ya extinta en su totalidad, es la única de las tres comunidades que ha podido ser reasentada o más bien ´desplazada por la minería´ y están aún en proceso El Hatillo y Boquerón.
“La semana pasada fuimos nombrados en unos panfletos donde nos amenazaban y necesitamos el apoyo de las autoridades y los medios de comunicación. Necesitamos que las empresas mineras nos den las garantías del reasentamiento” aseguró Alfonso Martínez, representante de El Hatillo, quien manifestó sentirse inseguro con dichas amenazas.
Esta es la primera vez en Colombia que se activa un desplazamiento poblacional por la actividad minera y según la orden emanada del ministerio en exceso de sus funciones, los reasentamientos debieron realizarse a más tardar en Septiembre de 2012, pero hasta la fecha no han llegado a ningún acuerdo las empresas mineras con los habitantes de las veredas.
“Hay que ser conscientes que las consecuencias de la explotación son para siempre; quitar los ríos y hacer los huecos son para siempre, el estado en el país se baja los pantalones ante la actividad minera” puntualizó Fernando Vargas, abogado y ex asesor de la contraloría general de la nación.
Poblaciones de Córdoba, la Organización indígena de Antioquia (OIA) y resguardos en el suroeste antioqueño, también participaron de la convocatoria teniendo en cuenta que tienen una amenaza minera en los alrededores de sus predios, los cuales ya están concesionados, pero que aun no han entrado en funcionamiento y quisieron conocer de cerca los impactos irremediables que genera la explotación minera.
