A la falta de compromiso del gobierno nacional para solucionar el problema de hacinamiento en los centros carcelarios de la ciudad, atribuyó el Personero de Valledupar Alfonso Campo Martínez, el paro que en las últimas horas iniciaron los guardianes del INPEC en esta capital.
“Esta problemática era una bomba de tiempo que ha empezado a estallar. El Gobierno Nacional no establece acciones contundentes y resolutorias frente a esta situación que no sólo desdibuja la dignificación de los derechos de los reclusos, sino que afecta a los guardianes. El llamado nuevamente es para el gobierno central: hay que decretar la emergencia carcelaria”, explicó Campo Martínez.
Un equipo de la personería auxiliar delegada para asuntos carcelarios sigue de cerca la situación de los internos, que hasta ayer sumaban 965 en la Cárcel Judicial, que tiene una capacidad de 256. Entre tanto, en la Penitenciaría de Máxima y Mediana Seguridad, están recluidos 1.564, y el máximo de reos debería ser de 1.460.
“La situación es grave. En la cárcel de máxima seguridad hay una torre –la seis, específicamente- totalmente vacía, que tiene una capacidad para 145 internos, porque desde hace ocho meses se iniciaron obras de remodelación y por un problema estructural relacionado con la instalación de unos tanques de agua no se puede utilizar el espacio, debido a que colapsaría la torre y pondría en riesgo la vida de reos y guardianes. Conminamos al INPEC a exigir a los contratistas el arreglo de la estructura y dignificar a los reclusos”, explicó el Personero de Valledupar.
El Delegado del Ministerio Público reconoció que a los guardianes se les está exigiendo cumplir responsabilidades que sobrepasan las asignadas. Por ejemplo, en la Cárcel Judicial hay 70 guardias, de los cuales 16 cumplen funciones administrativas y el resto del personal divididos en dos escuadrones, que no tienen capacidad para adelantar remisiones judiciales a otras ciudades porque ello significaría la desatención en las instalaciones del centro de reclusión.
