Una vez más el Ministerio de Justicia demuestra que el problema de reclusión de delincuentes esta fuera de sus manos, esta vez por parte de la aprobación de la Ley 1760, la cual da un plazo máximo de un año para resolver su situación a quienes han sido detenidos preventivamente por representar un peligro para la sociedad, esto permitirá que 12 mil detenidos según la Fiscalía General de la Nación puedan reclamar su libertad después del 1 de Julio, Centenares de raponeros, atracadores, sicarios, mafiosos, integrantes de bandas, entre muchos otros, saldrían de los penales y quedarían en libertad sometiendo al país a una oleada de inseguridad jamás vista.
La Ley 1760 entro en vigencia el 06 de Julio del año 2015, un año más tarde el gobierno nacional y el Ministerio de Justicia caería en cuenta del gran problema desatado por esta, permitiendo que para Julio del 2016, cerca de 10 mil sindicados detenidos preventivamente estarían en condiciones de recuperar su libertad. Ante esta situación y el gran problema que se aproximaría el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Justicia amplio los plazo para su judicialización y por consiguiente el aseguramiento preventivo de dichos sindicados.
Esta ley tuvo sus comienzos en el 2015 impulsaba por el Ministerio de Justicia, esto por el gran número de demandas hacia el estado que se han presentado en las ultimas décadas, problemática que ha desangrado las finanzas públicas por un valor de 18 billones de pesos en los últimos 20 años. La mayoría de demandas presentadas fueron por quienes estuvieron recluidos de libertad de manera preventiva por varios años para luego ser liberados por razones insuficientes para su condena a una pena. Entre otros factores, esta Ley busca condicionar aún más las razones por las cuales es aplicada la pena preventiva en Colombia, teniendo un efecto de descenso en las grandes demandas con las cuales el Gobierno Nacional debe lidiar anualmente por imposiciones de penas injustas a quienes más tarde serian declarados inocentes.
