En una concurrida rueda de prensa, el alcalde de Valledupar Augusto Ramírez Uhía, dio a conocer detalles de los dos decretos que acaba de expedir y que tienen como fin regular la movilidad en la ciudad, especialmente lo que tiene que ver con la circulación de motocicletas.
“En esta articulación se está pensando en un servicio para los ciudadanos. Una ciudad sostenible, eficiente, debe tener un buen sistema de movilidad y lo garantizamos con buenas busetas y malla vial, con esta articulación público-privada, por eso también pensamos en preservar la restricción céntrica, por seguridad y servicio público”, dijo el Alcalde Ramírez Uhía.
Aunque para muchos ciudadanos que se han expresado inconformes con las medidas, debido a que consideran son las mismas que venían rigiendo desde el gobierno de Fredys Socarrás, el alcalde Ramírez Uhía aseguró que existen una serie de diferencias, como el hecho de que las motocicletas no solo podrán ser conducidas por sus propietarios, sino también por su cónyuge e hijos.
Por su parte el Secretario de Tránsito Municipal, Darío Zalabata, confirmó que se han implementado nuevos mecanismos para hacer cumplir el Código de Tránsito por parte de los motociclistas, así como disposiciones para garantizar los procedimientos policiales.
Más reguladores
En la misma rueda de prensa, el alcalde Ramírez Uhía dio a conocer que su administración aumentará en las próximas semanas de 10 a 25 reguladores de tránsito para implementar la pedagogía, quienes se suman a los 20 agentes con los que dispone la Policía de Tránsito.
No habrá abusos
Sobre los procedimientos tan cuestionados por la ciudadanía, para adelantar los operativos de control, y que han provocado cientos de denuncias hacia los miembros de la Fuerza Pública, el mandatario municipal aseguró que esos abusos ya solo serán historias. Dijo que no existirán operativos de agentes de tránsito acompañados de miembros del Esmad, los cuales provocaban pánico entre los ciudadanos.
Anotó que cada operativo de tránsito será grabado en video, con el fin de presentar las pruebas tanto del buen comportamiento de la Policía, como de la veracidad de la infracción cometida.
