Cuando se disponía a presidir un consejo de gobierno, fue detenido por agentes del CIT de la Fiscalía, el alcalde del municipio de Riohacha Fabio Velásquez Rivadeneira.
El operativo se llevó a cabo la mañana de este viernes 27 de enero en la capital de La Guajira, luego de que el Fiscal general de la nación, Nestor Humberto Martínez revelara resultados de una investigación que se adelanta por mal manejo de los recursos destinados al programa de alimentación escolar PAE.
En este proceso la Fiscalía General de la Nación investiga posibles irregularidades que ascenderían a mil ciento setenta y seis millones ocho mil cincuenta y siete pesos ($1.176.008.057).
Junto al alcalde Fabio David Velásquez Rivadeneira, fue detenida Dilcey Acosta Novelis, actual secretaria de educación de Riohacha. En el proceso también están involucrados otros servidores públicos y particulares.
Los detenidos deberán comparecer como posibles responsables de los delitos de:
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
- Falsedad ideológica en documento público
- Peculado por apropiación en cuantía de mil ciento setenta y seis millones ocho mil cincuenta y siete pesos ($1.176.008.057)
Los hechos
La Fiscalía General de la Nación investigó si en colegios urbanos y rurales de Riohacha se suministraron complementos alimentarios en la jornada regular y almuerzos a los alumnos de jornada única, conforme con lo pactado en el contrato. No. 002 del 19 de febrero de 2016.
Dicho contrato fue celebrado entre el alcalde de Riohacha (La Guajira), Fabio David Velásquez Rivadeneira, y el señor Saúl Ernesto Beltrán Mesa, representante legal de la Asociación Social del Caribe, por un valor de cinco mil ciento trece millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos ($5.713.472.687). El contrato culminó el 19 de noviembre de 2016.
Como se recordará el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, había denunciado el pasado 20 de octubre que la Fiscalía seguiría evaluando el desarrollo de este contrato que fue ampliado por medio de un otrosí el 19 de septiembre de 2016.
La Fiscalía concluyó que pese a la modificación, el contratista no cumplió con la totalidad de lo pactado, ni en las fechas acordadas.
