El artículo de portada de la última edición de Semana, “Nos comió la serpiente”, está dedicado a la corrupción. El análisis, cachaquísimo, afirma que la principal causa de la corrupción es “la elección popular de alcaldes y gobernadores”. Para semejante conclusión no era necesaria una súper revista ni un redactor especializado. Es la explicación de cualquier adulto mayor “bien”, de esos que piensan que antes los políticos eran muy honorables y los pillos una excepción.
“De ahí —dice luego el texto— que regiones del país donde antes solo había ganado, hoy tienen urbanizaciones, centros comerciales y mansiones como las que solo se veían en Bogotá”. Y así, de carambola, el redactor acierta. No es que antes de la llegada de la plebe al poder no hubiera corrupción: es que toda estaba concentrada en Bogotá. Allá vivían los cinco señores que mangoneaban el país: el jefe liberal, el jefe conservador, el director de El Tiempo, el cardenal primado y un cacao, eximio contratista, una casta vieja como el mundo. “Todas las grandes fortunas de Colombia tienen su origen en la contratación pública”, decía Alfonso López Michelsen, un señor que sabía de fortunas turbias, historia patria y contratos públicos.
Estos cinco señores elegían a dedo el presidente, que luego elegía a dedo a los gobernadores, que elegían a dedo los alcaldes. Una rosca cerrada. Para completar, los organismos de control eran muy frágiles y los medios de comunicación partidistas. Rosca hermética. Por todo esto, rara vez los negociados eran de conocimiento público.
Después el poder se atomizó, los partidos perdieron el control de los medios, los organismos de control se fortalecieron y la corrupción quedó expuesta en toda su dimensión.
A los que insisten en que la corrupción voraz es un fenómeno nuevo, hay que preguntarles ¿por qué, entonces, la miseria es tan vieja en un país tan rico?
No es fácil vencer la corrupción, pero ya hay pasos en la dirección correcta. El procurador y el contralor actuales, e incluso el fiscal, son mejores que sus predecesores. Y está en marcha una iniciativa poderosa. Sergio Fajardo, Antonio Navarro, Clara López, Claudia López y Jorge Enrique Robledo lideran una consulta popular que encierra una bella revuelta civil. Van (vamos) a conseguir cinco millones de firmas para avalar una estrategia contra la corrupción que contempla siete medidas tácticas: 1. Reducir en un 40 % los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado. 2. Penas de reclusión no excarcelables para funcionarios y contratistas de manos largas, muerte política para los funcionarios y “muerte contractual” para el contratista. 3. Transparencia. Las entidades públicas deben usar pliegos tipo que minimicen la contratación a dedo y la posibilidad de manipular requisitos y añadir otrosíes billonarios. 4. Participación de la ciudadanía en la priorización, contratación y ejecución del presupuesto de inversión pública. 5. Los congresistas rendirán cuentas sobre su asistencia, votaciones y gestión. 6. Para su posesión, todos los funcionarios presentarán una declaración de bienes, rentas, patrimonio, pago de impuestos y conflictos de intereses. 7. Nadie podrá ser elegido por más de tres periodos para una misma corporación: Concejo, Asamblea o Senado.
Esta consulta popular no es una panacea contra la corrupción, pero le opone barreras altas. Si a usted le da pereza votar, al menos firme esta planilla. Así piense que todos los políticos son iguales, incluidos los que promueven esta revuelta, imprima la planilla (www.vencealcorrupto.com), fírmela y consiga firmas. Este puede ser el comienzo de la reconstrucción de Colombia.
Por: Julio César Londoño
