Una visita a la Permanente Central de Policía, llevó a cabo el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo durante su reciente visita a Valledupar. Desde allí, se pronunció acerca del hacinamiento que existe en este centro transitorio de detención así como en varios de otras zonas del país.
«La problemática del hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), que incluyen estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), es un asunto de máxima preocupación», expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo ha detectado situaciones graves relacionadas con el exceso de detenidos en estos centros. Cabe anotar que en mayo pasado, se registró un motín en la estación de Policía La Permanente de Valledupar, dejando 35 heridos y destacando los riesgos para las comunidades cercanas.
Entre tanto en Bogotá, el mes pasado, se produjo la fuga de 34 detenidos en la estación de Teusaquillo, resultando en un policía herido y un detenido. Esta semana, seis reclusos escaparon de la estación de policía de Sahagún, Córdoba, cavando un agujero en una de las paredes. Estos casos se repiten en todo el país.
El hacinamiento en estos centros es el problema central, ya que agrava las violaciones de derechos humanos y afecta las condiciones mínimas de vida, como la alimentación y la atención médica de los detenidos, lo que a menudo da lugar a comportamientos agresivos. Algunas estaciones, como la de Policía El Terrón en Cali, enfrentan un hacinamiento que supera el 4000%.
En la escalada, Maicao (La Guajira) ocupa el segundo lugar con un sobrepoblamiento del 3480%, seguido de la estación de Piedecuesta (Santander) con un 2950% y San José en Barranquilla con un 2833% de hacinamiento, entre otros. En el departamento del Cesar, la estación de Becerril registra un 1450% de sobrepoblación, mientras que la estación de La Permanente en Valledupar tiene una hacinamiento del 614%, el doble del promedio en la región (309%).
El Defensor del Pueblo ha insistido en que los Centros de Detención Transitoria no están estructuralmente preparados para alojar a personas privadas de libertad por más de 36 horas. Sin embargo, algunas personas permanecen detenidas por meses, incluso aquellas condenadas que deberían cumplir sus penas en instalaciones de reclusión.
La Defensoría del Pueblo ha identificado también irregularidades en la custodia de los detenidos, ya que la vigilancia es un cargo de miembros de la Policía Nacional, que no tienen la misión de proporcionar seguridad y no están capacitados para esta tarea, lo que pone en riesgo. su seguridad personal.
Carlos Camargo Assis ha llamado a la institucionalidad a tomar medidas inmediatas para aliviar esta problemática y evitar una posible crisis en estos centros. La Defensoría del Pueblo ha puesto en marcha una estrategia que involucra brigadas integrales de atención en los Centros de Detención Transitoria, brindando servicios de salud, asistencia legal y tramitación de quejas, así como promoción de los derechos humanos.
