La Jagua de Ibirico, junio 18 de 2024
Durante dos días la Fiscalía en el municipio de La Jagua de Ibirico no operó, después de que la propietaria de la casa donde opera la institución en esa localidad, decidiera echarle llave a la misma, por una deuda que tiene la entidad con ella.
Son más de cien millones de pesos que reclama la propietaria de la casa al Municipio, el cual se tenía que hacer cargo de dicho pago.
El alcalde Leonardo Hernández explicó en Radio Guatapurí que la situación se originó en 2019, cuando se hizo un contrato de arrendamiento con la propietaria de la vivienda bajo la administración de entonces. “Todos los pagos se realizaron en el gobierno siguiente, pero al parecer no hubo un contrato de arrendamiento y se generaron incumplimientos”. La propietaria incrementó el arriendo para cubrir el recibo de luz, ya que debía pagarlo aparte.
Hernández relató que la deuda ascendió a 101 millones de pesos, motivo por el cual la propietaria decidió cerrar el inmueble para presionar por el pago. “Ella tomó las vías de hecho, le metió candado y prácticamente secuestró todos los elementos pertenecientes a la Fiscalía”. El alcalde indicó que su administración buscó conciliar con la propietaria y se comprometió a pagar lo que correspondía de su gestión. Sin embargo, aclaró que “el resto debe ser revisado porque no hubo un contrato de arrendamiento y no podemos pagar sin un respaldo legal”.
Finalmente, lograron que la propietaria retirara el candado, permitiendo que la Fiscalía sacara sus pertenencias. “Nosotros ya veníamos conversando con ellos para adecuar otra instalación donde actualmente están, y así evitar mayores costos”, explicó Hernández.
El alcalde destacó la informalidad en la administración pasada, donde “había un contrato pero un arreglo de palabra”. Hernández subrayó que la deuda de luz de la propietaria es de 40 millones de pesos, complicando aún más la situación. “Tratamos de no perjudicar a la señora porque ella fue instrumental para que la Fiscalía pudiera funcionar en el municipio”, concluyó.
Hernández también mencionó que se realizó un nuevo contrato para formalizar la situación y evitar futuros problemas.
Además, el alcalde expresó su preocupación por el aumento de violencia intrafamiliar en el municipio y la necesidad de incrementar el personal de la Fiscalía. “Ya hemos solicitado más fiscales y estamos a la espera de una respuesta. También hemos pedido aumentar el número de policías, pero estamos siendo pacientes con la tramitología”, agregó.
