Tres son los contratos que tienen a la Contralora Municipal de Valledupar Mercedes Vásquez, ad portas de su muerte como servidora pública, luego que la Procuraduría Regional del Cesar, la destituyera e inhabilitada para ejercer cargos públicos por espacio de 12 años. Aunque se trata de un fallo de primera instancia, el futuro para Vásquez no es nada halagüeño.

Se trata de los contratos 004 el cual fue celebrado el 22 de febrero de 2012, el número 031 que fue celebrado el 30 de agosto de 2012 y el 042 del 25 de septiembre de 2012. Los tres contratos tienen un mismo objeto, fueron celebrados en la misma vigencia pero sin embargo los honorarios asignados a cada uno de los profesionales con quien se celebró el contrato por parte de la Contraloría Municipal, distan uno del otro.

Es así como el contrato 004 establece unos honorarios por la suma de $2.500, mientras que el 031 el monto es de $1.800.000 y el 042 es del orden de los $2.500.000.

Cualquiera descuidadamente pensaría que se trata de tres personas con perfiles profesionales diferentes, así como funciones diferentes en el objeto del contrato, pero no, los tres fueron contratados en el mismo año, tienen el mismo perfil profesional y desarrollaron labores similares.

En el fallo que leyó la Procuradora Regional María Antonia Orozco Durán ante la Contralora Mercedes Vásquez, reza al respecto en uno de sus apartes.: “no había razones fundadas en la experiencia, especialidad o cualquier otro aspecto,, que justificase la diferencia en los valores de los citados contratos”.

En el segundo de los cuatro cargos imputados a Mercedes Vásquez por parte de la Procuradora Regional, se le atribuye la falta de contratar a un profesional sin la experiencia para el área que era requerido. .

no exigir en los citados estudios previos como requisito para la celebración de dichos contratos, la experiencia directamente relacionada con el área a contratar, requerida en virtud de dicha norma para los contratistas de apoyo a la gestión,. Lo anterior, teniendo en cuenta que en los mencionados estudios previos solo se exigía como requisito tener título profesional en las respectiva disciplina (derecho o contaduría pública, según el caso) y conocimientos básicos en informática y trabajo en grupo, vulnerando posiblemente con su conducta los principios constitucionales y legales que regulan la función administrativa y la contratación estatal, específicamente el de planeación- implícito en el de economía y el de responsabilidad.

La defensa de Mercedes

Por su parte de la Contralora Municipal Mercedes Vásquez se refirió a la sanción drástica que le impuso la Procuradora Regional. Lo hizo en rueda de prensa en la que señaló que lo que se tiene que hacer por parte del representante legal o el ordenador de gasto, es un juicio valorativo de la experiencia y la cantidad de trabajos que realizaron. Indica además que no se hizo el estudio de un control fiscal, es decir, para lo que la Contraloría contrató.

‘’Nosotros tenemos por el propio esquema jurídico del control fiscal unas auditorias que son especiales en donde a las entidades solamente se les avalúa un concepto de contratación de control interno, y hay otras auditorias que se llaman regulares en donde se va a investigar y regular todos los procesos de la entidad’’, dijo la Contralora Municipal, Mercedes Vázquez, quien indicó seguidamente que la Contraloría no tiene presupuesto para hacer contratos grandes y no puede aumentar el valor indicado para los contratistas.

Vázquez aseveró que la sanción que puso la Procuraduría fue drástica, porque según ella esta no tiene proporción ni dosificación cuando eso son dos aspectos que rigurosamente el código único disciplinario, pero que al parecer ignora por completo la Procuradora regional. Además recalca que se seguirá defendiendo y espera que en la apelación expertos vean rectifiquen lo sucedido.

manuel j manjarrez
Manuel Jerónimo Manjarrez apela el fallo

La apelación

Mientras Vásquez se defendía ante la prensa, su abogado defensor Manuel Gerónimo Manjarrez hizo la apelación respectiva que será resuelta por la Procuraduría Delegada para la Contratación Pública.

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