Bogotá, mayo 5de 2025. Una nueva controversia sacude a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tras la denuncia de la senadora María Fernanda Cabal, quien elevó una solicitud formal a la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen presuntas irregularidades administrativas en esa entidad.
La congresista del Centro Democrático alertó sobre lo que calificó como una “toma ideológica” dentro de una entidad que debería ser netamente técnica, refiriéndose a los cambios introducidos por la Resolución 000686 del 14 de abril de 2025. Dicha norma, firmada por el entonces director encargado Edilberto Peñaranda, modificó los requisitos de acceso a cargos como la Subdirección Técnica, las asesorías especializadas y el despacho del director general, permitiendo la postulación de profesionales sin formación técnica específica, como filósofos o teólogos.
“La ANLA no puede convertirse en un fortín ideológico del gobierno”, advirtió Cabal en su cuenta de X, y señaló que la medida “abre la puerta a perfiles afines al petrismo, pero carentes del conocimiento técnico requerido para evaluar licencias ambientales”. Comparó además este caso con el polémico paso de Irene Vélez por el Ministerio de Minas.
En su denuncia, la senadora sostiene que los cambios al manual de funciones se habrían hecho “con anticipación al nombramiento de la nueva directora”, con el fin de facilitar la llegada de funcionarios cercanos al gobierno, violentando principios constitucionales como el mérito y la idoneidad en la función pública.
El documento radicado ante la Procuraduría está sustentado en la Ley 1952 de 2019 y en la Constitución, y pide verificar si se presentaron:
- Favorecimientos a personas con vínculos políticos.
- Extralimitación de funciones.
- Faltas disciplinarias sancionables.
Hasta ahora, el Ministerio de Ambiente no ha emitido una declaración oficial. Sin embargo, fuentes cercanas a la ANLA aseguran que los ajustes en los perfiles obedecen a un enfoque interdisciplinario que busca enriquecer la gestión ambiental y fortalecer la participación ciudadana.
La Procuraduría deberá evaluar si inicia una investigación formal. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre lo técnico y lo político en la administración pública.
