Bogotá, mayo 14 de 2025. El Senado de la República vivió  el lunes una jornada llena de confrontaciones sobre la consulta popular que el Gobierno Nacional busca realizar para consultar al pueblo sobre temas laborales y sociales. Este debate ha generado opiniones divididas, con algunos congresistas defendiendo la consulta como una herramienta democrática, mientras otros cuestionan tanto su viabilidad como su necesidad.

Uno de los principales opositores al proceso es el senador cesarense Didier Lobo, quien en entrevista con este medio de comunicación advirtió que el Gobierno no tiene los votos suficientes para sacar adelante la consulta. «Eso no está fácil. El gobierno no tiene los votos. Eso se notó en la discusión del debate que se tuvo en el día de ayer», afirmó Lobo, quien explicó que, además del desafío político, el costo de la consulta, que oscilaría entre 700 mil y 1 millón de millones de pesos, resulta innecesario en un país con grandes carencias en sectores como salud, educación y vivienda.

Lobo también destacó que el proceso no se justifica en un contexto donde problemas urgentes como la crisis en Icetex y el déficit en subsidios de vivienda siguen sin solución. «Hoy en el Icetex han cortado los créditos a los estudiantes, no se están entregando subsidios de vivienda, hay problemas graves en salud», enfatizó el senador.

Por su parte, la senadora Imelda Daza, una firme defensora de la consulta, expresó su confianza en que la iniciativa se aprobará finalmente. Aunque reconoció que el debate fue «acalorado» y a veces «desordenado«, Daza subrayó el respaldo popular que ha recibido la consulta, especialmente tras la masiva movilización de 10 millones de personas el primero de mayo. «Creo que al final la consulta va a ser aprobada. A pesar de las tensiones, creo que los senadores no podrán ignorar el respaldo masivo que recibió esta iniciativa», comentó Daza.

La consulta, cuya ejecución podría costar alrededor de 900 mil millones de pesos, ha sido cuestionada por algunos sectores que consideran que este dinero podría haberse destinado a áreas más prioritarias. Sin embargo, Daza defendió la inversión como una necesidad para la democracia, comparándola con otros gastos como los recursos desviados que han afectado a sectores vitales del país. «La democracia cuesta, la paz cuesta, y la justicia también. Si criticamos este gasto, ¿qué diremos de los 70 mil millones que se han desviado?», reflexionó la senadora.

Respecto a la transparencia del proceso, Daza aseguró que el Gobierno tiene el compromiso de garantizar un ejercicio democrático sin interferencias. «La consulta será completamente transparente. Nadie podrá interferir en el ejercicio libre de la democracia el día que se vote», garantizó.

Ambos senadores coincidieron en señalar que, si la consulta no es aprobada, el presidente podría optar por realizarla por decreto. Sin embargo, la discusión sigue siendo una muestra del panorama polarizado en el Congreso, con riesgos de ausencias y divisiones internas que podrían afectar el resultado de la votación.

Finalmente, Lobo, al igual que Daza, subrayó la importancia de la reforma laboral, aunque con puntos de vista contrarios sobre el método de consulta. El senador cesarense señaló que la consulta no beneficia a los 49% de cesarenses que trabajan en la informalidad, mientras que Daza destacó que los 35 millones de trabajadores colombianos tienen el derecho de manifestarse sobre las reformas laborales.

Este debate continuará siendo el centro de atención, ya que la decisión del Senado podría marcar un hito en la política laboral y social del país.

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