Bogotá, junio 17 de 2025. El registrador nacional, Hernán Penagos, dejó en manos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado la decisión sobre la viabilidad jurídica de la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro mediante decreto. En una rueda de prensa, Penagos advirtió que el caso representa un precedente sin antecedentes recientes en el país y que podría tener implicaciones profundas para la democracia.
“Lo pertinente es dejar en manos de las altas cortes si continuamos o no con el trámite de esta convocatoria”, expresó el registrador, quien también anunció que solicitará conceptos jurídicos a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría.
Penagos fue enfático en que, incluso si se aprueba la consulta, no podrá realizarse el 7 de agosto como plantea el decreto presidencial, ya que los tiempos logísticos hacen inviable ese calendario. “Esta consulta requiere un proceso juicioso y ordenado. En este caso serían cerca de 112.000 mesas de votación. Además, se deben enviar materiales electorales a 67 países y 124 consulados. Solo ese proceso de distribución requiere meses”, explicó.
Asimismo, recordó que en el exterior la votación debe abrirse una semana antes, lo que hace aún más compleja la organización.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la postura del registrador desde el Congreso, afirmando que “está desacatando el decreto” y asegurando que su papel es únicamente el de operador logístico. “No tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno”, sostuvo.
El país queda ahora a la espera del pronunciamiento de las altas cortes, que deberán definir si se cumplen los requisitos legales para llevar a cabo la consulta promovida por el presidente.
