Chiriguaná, julio 23 de 2025 –  El personero municipal de Chiriguaná, Sergio Orellano, denunció ante este medio de comunicación presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre la Alcaldía de Chiriguaná y la asociación “Niños Vallenatos y Compositores del Turco Gil” para la conmemoración del 20 de julio. El convenio, por un valor superior a los 50 millones de pesos y con un plazo de ejecución de cuatro días, fue cuestionado por haberse ejecutado únicamente en medio día.

“Es desproporcional la suma de este convenio, más aún cuando el evento solo duró medio día y no se evidencia el respaldo económico que debía recibir la comunidad”, afirmó el personero Orellano, quien inició una actuación preventiva frente a lo que considera un uso cuestionable de los recursos públicos.

Según el funcionario, docentes y rectores manifestaron que las instituciones educativas que participaron en el evento no recibieron apoyo económico, a pesar de estar contempladas en el objeto del convenio. “Simplemente se les dio hidratación a los niños y una pony malta”, relató con indignación.

Uno de los hallazgos más delicados, explicó Orellano, es que el municipio pagó recursos por concepto de administración a la fundación, lo que contradice el espíritu de un convenio de asociación, donde ambas partes deben aunar esfuerzos. “¿Dónde está la unión si el municipio termina pagando por administrar su propio dinero?”, cuestionó.

Además, el personero fue enfático en señalar el contexto fiscal del municipio: “Chiriguaná atraviesa una crisis financiera con deudas que superan los 61 mil millones de pesos. Es inaceptable que se celebren contratos de este tipo mientras hay tantas necesidades prioritarias sin resolver”, subrayó.

Aunque no asistió al evento por razones éticas, Orellano reconoció que “al enterarme del valor del contrato, decidí no ser partícipe de lo que considero un derroche”. No obstante, lamentó no haber estado presente para verificar de primera mano las inconformidades ciudadanas.

Finalmente, aseguró que se recogerán todas las evidencias necesarias para trasladar la denuncia a los órganos competentes. “Las irregularidades detectadas podrían constituir faltas disciplinarias, fiscales e incluso penales. De ser así, las pondremos en conocimiento de los entes de control y justicia”, concluyó.

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