El Gobierno Nacional avanza con una polémica propuesta que podría cambiar el rumbo del mercado automotor: subir hasta un 40 % los aranceles a los carros y motos que funcionen con gasolina o diésel. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio), busca desincentivar la importación de vehículos contaminantes y promover la movilidad eléctrica.
Sin embargo, la medida ha despertado cuestionamientos, ya que Colombia no produce vehículos eléctricos a gran escala, por lo que el incentivo a la “producción nacional” se traduce, en la práctica, en una mayor dependencia de las importaciones.
El proyecto de decreto, publicado el 7 de noviembre, propone que los vehículos de pasajeros incluidos en la partida 87.03 del Arancel de Aduanas paguen un arancel del 40 %, mientras que las motocicletas (partida 87.11) tendrían un gravamen de hasta 35 %. La medida aplicaría a automóviles con motores entre 1.000 y 2.500 cm³ y a motos con cilindradas de 50 a 800 cm³.
El documento precisa que los países con Tratados de Libre Comercio (TLC) conservarán sus beneficios preferenciales, y que el aumento entraría en vigencia entre 15 y 90 días después de la publicación oficial.
Según MinComercio, el objetivo es “fortalecer la producción nacional de vehículos híbridos y eléctricos, y reducir la huella ambiental del parque automotor”. La entidad sostiene que el transporte basado en combustibles fósiles sigue siendo una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero en el país.
Pese a ello, analistas advierten que Colombia aún no cuenta con una industria automotriz robusta capaz de abastecer el mercado local con vehículos eléctricos de fabricación propia. “Estamos hablando de incentivar algo que, en realidad, no existe en el país. La mayor parte de los carros eléctricos son importados”, explican expertos del sector.
El anuncio llega en medio de un incremento en la demanda de automóviles. De acuerdo con cifras de la Andi y Fenalco, el mercado de vehículos de pasajeros sigue al alza, lo que plantea un reto para el Gobierno en su intención de redirigir las compras hacia modelos más sostenibles.
