Bogotá, noviembre 13 de 2025- La Contraloría General de la República advirtió sobre un riesgo fiscal estructural en el régimen de pensiones de la Fuerza Pública, que podría representar más de 140 billones de pesos en pasivos futuros, de acuerdo con los resultados de un estudio sectorial presentado este 13 de noviembre por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad.
El informe revela que el gasto en pensiones de la Fuerza Pública superó los 11,68 billones de pesos en 2023, cifra equivalente al 0,71 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Las proyecciones actuariales muestran un pasivo estimado entre 42,3 y 62,3 billones para las Fuerzas Militares y entre 58 y 80,6 billones para la Policía Nacional.
Según la Contraloría, este escenario constituye un riesgo macroeconómico debido a la alta sensibilidad del pasivo frente a variaciones en la inflación y las tasas de descuento, factores que aumentan la vulnerabilidad fiscal del paísInconsistencias en los registros y necesidad de modernización
El estudio, que analizó más de 200 millones de registros correspondientes a miembros activos, retirados, pensionados y beneficiarios, reconoce avances en la estandarización de las bases de datos, pero advierte que persisten inconsistencias históricas entre 2008 y 2013.
Errores en fechas de nacimiento, registros duplicados y fallas en la homologación de grados afectan la trazabilidad y la precisión de los cálculos.
Por ello, el organismo de control recomienda modernizar los sistemas de información institucional, mejorar los procesos de registro y avanzar hacia una política de datos interoperables que respalde la gestión actuarial y fiscal del régimen.
Cambios demográficos en la Fuerza Pública
Entre 2008 y 2023, las Fuerzas Militares redujeron su personal activo de 173.900 a 158.400 efectivos, mientras el número de retirados creció hasta representar el 12,8 % del total.
El estudio también señala un envejecimiento progresivo de la fuerza laboral, especialmente en los grados de oficiales y suboficiales.
La edad promedio de los miembros activos se mantiene entre 34 y 35 años, aunque con una tendencia al aumento. En cuanto a la participación femenina, esta se mantiene baja (3,4 %), pero con una tendencia positiva de crecimiento.
Eficiencia en el gasto, pero con concentración salarial
En términos financieros, la nómina ajustada a valor presente creció de 5,31 a 7,59 billones de pesos, mientras su participación en el PIB se redujo del 0,50 % al 0,42 %.
El costo anual promedio por militar fue de 47,9 millones de pesos en 2023, con una mayor concentración del gasto en los rangos de oficiales y suboficiales.
Asimismo, el número total de beneficiarios del sistema exceptuado (asignaciones de retiro, pensiones de invalidez y de sobrevivencia) aumentó de 41.227 en 2008 a 111.908 en 2023, impulsado principalmente por las asignaciones de retiro, que representaron el 71,7 % del total.
Recomendaciones para la sostenibilidad
Frente a estos resultados, la Contraloría General propone revisar los requisitos de retiro para los miembros de menor rango, con el fin de promover criterios más equitativos.
Además, sugiere la creación de reservas actuariales, la implementación de mecanismos de monitoreo automático para anticipar riesgos y la diversificación de las fuentes de financiamiento, mediante mayores aportes de los miembros en servicio, fondos de reserva y el uso de recursos extraordinarios como los bienes incautados.
Llamado a una política de Estado
El organismo de control reiteró su compromiso con la transparencia y sostenibilidad fiscal, e hizo un llamado a las autoridades nacionales para que las medidas propuestas se conviertan en políticas de Estado que garanticen la viabilidad del régimen pensional sin afectar los derechos adquiridos de los miembros de la Fuerza Pública.
