En un acto cargado de memoria y dignidad, el Gobierno del Cesar, a través de la Oficina Asesora de Paz, acompañó este martes el Acto de Perdón y Reconocimiento de Responsabilidad por 23 ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región entre 2004 y 2006. La jornada, liderada por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, se desarrolló en el auditorio de la Universidad Popular del Cesar, sede Sabanas.

El evento marca un paso significativo en los esfuerzos institucionales por avanzar hacia la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, elementos fundamentales para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

La jefe de la Oficina Asesora de Paz del Cesar, Juana Pacheco Soto, expresó el compromiso del gobierno departamental con las familias afectadas. “Estamos acompañando solidariamente a las víctimas, reconociendo que estos actos representan una de las violaciones más dolorosas y devastadoras cometidas por el Estado. Desde la institución ofrecemos un abrazo a cada familia que perdió a un ser querido injustamente”, señaló.

Durante el acto, el Ministerio de Defensa reconoció públicamente su responsabilidad por la muerte de indígenas Wiwa, Kankuamos y Wayuu, así como jóvenes menores de edad, quienes fueron presentados falsamente como bajas en combate. Los hechos involucraron a integrantes del Batallón de Artillería N.º 2 La Popa y del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 2 Juan José Rondón.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó el acto de perdón y lamentó profundamente lo ocurrido. “Estos hechos que hoy recordamos jamás debieron ocurrir y bajo ninguna circunstancia podrán repetirse. Pido perdón a las madres, padres, hijos e hijas y a las comunidades indígenas que perdieron a sus seres queridos por acciones criminales y reprochables”, afirmó.

Las investigaciones judiciales demostraron que no hubo enfrentamientos, que las víctimas estaban desarmadas y que sus cuerpos fueron manipulados para fabricaciones operacionales. En algunos casos, también se comprobó la intervención de grupos de autodefensa, que entregaron cuerpos al Ejército para simular resultados militares.

Las sentencias emitidas por la JEP han catalogado estos hechos como graves violaciones de derechos humanos, homicidios en persona protegida y, en varios fallos, como crímenes de lesa humanidad debido al carácter sistemático de las ejecuciones.

Durante el acto, familiares de las víctimas compartieron testimonios que dieron rostro a la tragedia. El hijo de Manuel Romero recordó el impacto que dejó la muerte de su padre: “Fue muy duro para nosotros. Nosotros los perdonamos, porque no quiero vivir con ese resentimiento”.
También intervino Alba Rosa Ropero Abril, hermana de una de las víctimas: “Mi hermano era un ser noble, sincero, y partió por la maldad de quienes debían cuidarlo”.
En otros testimonios, como el de Carmen Alicia Ruidíaz Vanegas, madre de Jaider del Carmen Valderrama, quedó claro el dolor persistente: “Jaider no era un delincuente. Fue engañado con una propuesta de trabajo y luego reportado como muerto en combate”, expresó.

Desde la Oficina Asesora de Paz, la funcionaria Juana Pacheco reiteró el compromiso institucional con la verdad y la reparación. “El Gobierno del Cesar ha asumido un compromiso decidido con las víctimas, acompañando estos procesos y respaldando sus demandas de justicia”, puntualizó.

El acto culminó en medio de muestras de fortaleza y un mensaje unánime: la necesidad de que estas violaciones jamás vuelvan a repetirse.