Bogotá, 24 de noviembre de 2025. La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la adquisición del predio “La Grosería”, ubicado en el municipio de Chimichagua, Cesar, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El ente de control estableció un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por $4.161 millones, al concluir que la compra no cumplió con los requisitos técnicos ni legales exigidos para la adquisición de predios destinados al Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral.
Predio en invasión, pero aun así comprado
Según el informe de la Delegada para el Sector Agropecuario, el predio se encontraba ocupado por múltiples familias en condición de invasión, que habían construido viviendas improvisadas dentro del terreno.
Pese a tener conocimiento previo de esta situación, la ANT procedió con la compra, pasando por alto que existía un Acta de Compromisos firmada entre entidades nacionales, autoridades locales, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y comunidades campesinas del Cesar, documento en el que se reconocía oficialmente la presencia de asentamientos campesinos dentro del inmueble.
El acta establecía además la creación de una mesa de diálogo permanente para buscar soluciones a los conflictos de tierra en la zona. También señalaba que los propietarios del predio ofrecerían el inmueble a la ANT, hecho que llevó a suspender operativos de desalojo, bajo el argumento de que la compra sería realizada por la entidad.
A esto se suma que se ordenó la caracterización de los ocupantes, con el fin de verificar si cumplían los requisitos para ser beneficiarios de programas de acceso a tierras. Sin embargo, la ANT avanzó en este procedimiento sin revisar previamente la situación jurídica del predio ni el estado real de ocupación, incumpliendo los protocolos técnicos y legales necesarios para garantizar la libre disposición del bien antes de incorporarlo al Fondo de Tierras.
Predio sin vocación agrícola ni capacidad productiva
Otro de los hallazgos clave es que el predio no cumplía con los criterios técnicos mínimos para la compra de tierras rurales.
El estudio técnico determinó que la mayor parte de “La Grosería” está conformada por suelos de clases agrológicas VII y VIII, catalogados por el IGAC como improductivos y no aptos para actividades agrícolas, pecuarias o forestales.
De acuerdo con la Contraloría, esto significa que el terreno no posee la aptitud ni la vocación productiva exigida por la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015, normas que regulan la adquisición de predios destinados a la Reforma Rural Integral.
Impacto en el Fondo de Tierras y en el Acuerdo de Paz
La compra, realizada sin cumplir los requisitos técnicos y legales, afectó la eficiencia del Fondo de Tierras y representó un uso inadecuado de recursos públicos destinados al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, específicamente en lo relacionado con la Reforma Rural Integral.
La Contraloría concluyó que la ANT destinó $4.161 millones a la compra de un predio:
- con ocupantes indeterminados,
- sin aptitud ni viabilidad productiva,
- sin disponibilidad material para ser adquirido,
- y en contravía de la normatividad agraria vigente.
Conclusión del ente de control
El informe concluye que la adquisición del predio “La Grosería” fue una decisión que desconoció normas técnicas, legales y agrarias, comprometiendo recursos públicos y entorpeciendo los objetivos del Fondo de Tierras. Para la Contraloría, este caso constituye un ejemplo de cómo la falta de rigor institucional puede afectar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz.
