El Gobierno de Gustavo Petro oficializó uno de los incrementos más altos en décadas del salario mínimo legal vigente para 2026, decretando una subida de alrededor del 23,7 %, que lleva el salario base a más de 1.746.000 pesos mensuales y, con el subsidio de transporte, cerca de 2 millones de pesos al mes para millones de trabajadores formales.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es claro: reducir la desigualdad y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, con una política orientada a fortalecer la capacidad de compra. La administración sostiene que este ajuste es un paso hacia un salario que garantice condiciones de vida más dignas para la población que vive del trabajo formal.
Aspectos positivos: recuperación del ingreso y reducción de brechas
- Mejora de ingresos reales: El aumento supera con creces la proyección de inflación para 2026, estimada en alrededor del 3,6 % por el Banco de la República, lo que, en principio, puede traducirse en un aumento real del salario.
- Política social redistributiva: Para sectores laborales y algunos sindicatos, un salario mínimo más alto contribuye a reducir brechas de ingreso y dinamizar el consumo interno, lo que podría tener efectos positivos en sectores de baja productividad.
- Reconocimiento del trabajo: Desde una perspectiva social, el incremento busca dignificar el empleo formal y reconocer el aporte de quienes sostienen gran parte de la economía nacional.
Riesgos y efectos adversos: inflación, formalidad y competitividad
- Presión inflacionaria: Economistas advierten que un salto salarial tan elevado, muy por encima de la inflación y de la productividad laboral, puede generar una espiral inflacionaria al incrementar los costos laborales, que las empresas trasladan a precios de bienes y servicios.
- Costos para el sector productivo: Gremios empresariales, como Fenalco y Andi, han calificado el aumento de “desproporcionado”, señalando que golpea especialmente a pymes y sectores productivos con márgenes ajustados, aumentando el riesgo de cierre de negocios o reducción de la plantilla laboral.
- Informalidad laboral: Varios analistas y directivos empresariales han subrayado que, al aumentar los costos de empleo formal, muchas empresas y trabajadores podrían optar por la informalidad, profundizando un fenómeno que ya afecta a más de la mitad de la fuerza laboral.
- Recaudación y gasto público: El impacto del aumento también se siente en las cuentas estatales, ya que salarios públicos, pensiones y otros pagos indexados al salario mínimo subirán, lo que incrementa el gasto del Estado sin necesariamente aumentar la productividad o los ingresos fiscales de manera proporcional. (
Un equilibrio difícil en contexto electoral
El anuncio se produjo mediante decreto, luego de que no se alcanzara consenso entre empresarios y sindicatos en las mesas de negociación tradicionales, un hecho que ha sido interpretado por críticos como un uso político de la política salarial en pleno año electoral.
Esto abre una discusión crítica sobre la coherencia entre la política económica y la realidad del aparato productivo, especialmente en una economía que aún enfrenta retos de crecimiento moderado, presiones inflacionarias y una alta informalidad laboral.
Conclusión: ¿beneficio social o riesgo estructural?
El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 representa, sin duda, un paso ambicioso desde una perspectiva social y redistributiva. Sin embargo, su magnitud y su implementación por decreto, sin consenso amplio, plantean riesgos reales para la estabilidad macroeconómica, la formalidad laboral y la competitividad de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas.
La medida puede traducirse en una mejora temporal del ingreso de trabajadores formales, pero el verdadero efecto dependerá de la respuesta del mercado, de la capacidad de las empresas para absorber costos adicionales y de la evolución de variables como inflación, productividad y empleo formal en 2026. Un debate que apenas comienza y que continuará marcando la agenda económica y política del país.
