La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) acudió al Consejo de Estado para solicitar la nulidad y suspensión inmediata del Decreto 1469 de 2025, con el cual el Gobierno nacional oficializó un incremento del 23 % en el salario mínimo que rige desde 2026. El gremio argumenta que la medida presenta fallas legales de fondo y genera riesgos económicos y sociales que afectarían al país.
Según Fenalco, la solicitud busca frenar provisionalmente los efectos del decreto mientras se adelanta el análisis judicial, con el fin de “proteger el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica”. La demanda fue presentada por considerar que el Gobierno desconoció el marco legal y constitucional que regula la fijación del salario mínimo en Colombia.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, explicó que la decisión del Ejecutivo se apartó de las variables obligatorias establecidas por la ley, como la inflación, la productividad, el PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional. En su lugar, señaló que se aplicaron criterios que no tienen respaldo normativo.
“El Gobierno sustituyó las variables técnicas exigidas por la ley y adoptó un concepto de ‘salario vital’ construido a partir de referentes de la OIT que no tienen carácter vinculante”, afirmó Cabal, al tiempo que cuestionó que se haya desconocido la competencia exclusiva del DANE para certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), base fundamental para medir la inflación.
Desde el punto de vista del gremio, el decreto no explica de manera clara cómo se pasó de proyecciones económicas que justificaban un ajuste cercano al 6,21 % a un aumento del 23 %, lo que, a su juicio, evidencia la ausencia de un sustento técnico suficiente.
Fenalco advirtió que el impacto del incremento podría ser irreversible y enumeró posibles consecuencias como presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, cierre de mipymes y deterioro de las finanzas públicas. Incluso, el gremio estima que podrían perderse alrededor de 772.340 empleos a raíz de la medida.
“Esta no es una discusión contra los trabajadores. Por el contrario, serán ellos los más afectados por la inflación que se genere como consecuencia de esta decisión. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país”, sostuvo Cabal, quien hizo un llamado al Consejo de Estado para que “prevalezca el interés general por encima de intereses politiqueros”.
A este panorama se suma la primera tutela interpuesta contra el aumento del salario mínimo, presentada el pasado 8 de enero en Bogotá por Alexander Donato Rondón, a través de su apoderado Alejandro Linares Cantillo. El demandante argumenta que el decreto vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio de concertación tripartita, al tiempo que advierte un perjuicio inmediato e irremediable, dado que la medida empezó a regir desde el 1 de enero de 2026.
Mientras el Consejo de Estado estudia las acciones judiciales, el debate sobre el aumento del salario mínimo continúa escalando y se perfila como uno de los temas más sensibles del inicio del año económico en el país.
