Bogotá, enero 20 de 2026 – La Nueva EPS advirtió que su operación se encuentra gravemente comprometida debido a embargos judiciales que ya superan los $2,1 billones, una cifra equivalente, en promedio, a la totalidad de la operación mensual de la entidad y que amenaza la continuidad en la prestación de servicios de salud a más de 11,7 millones de afiliados en todo el país.
De acuerdo con un comunicado oficial, las medidas cautelares son ordenadas por cuatro juzgados y se concentran en aproximadamente 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que adelantaron demandas durante el proceso de intervención de la EPS. Según la entidad, el 80 % de estos prestadores corresponde a grandes instituciones privadas del sistema de salud.
La situación financiera se agravó de manera progresiva. En noviembre de 2025, los embargos ya habían sido duplicados al pasar de $422.000 millones a $887.000 millones, pero en las últimas semanas la cifra volvió a incrementarse de forma significativa hasta alcanzar $2.125.890.449.360, lo que, según la EPS, compromete de manera directa toda su capacidad operativa.
Nueva EPS explicó que actualmente tiene cuentas bancarias bloqueadas y recursos retenidos por distintas fuentes de financiación, lo que limita severamente su funcionamiento. En este momento, la entidad solo cuenta con el giro directo semanal, destinado exclusivamente a la postulación de pagos a la red prestadora, sin posibilidad de utilizar recursos de tesorería para otros gastos administrativos y operativos.
La EPS alertó que, de mantenerse los embargos, no solo se pondría en riesgo su sostenibilidad financiera, sino también la de una red cercana a 5.000 prestadores de servicios de salud a nivel nacional, muchos de los cuales dependen en gran proporción de los pagos provenientes de esta entidad.
Entre los despachos judiciales que concentran el mayor número de medidas se encuentran el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
Nueva EPS recordó que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tienen carácter constitucional y legalmente inembargable, conforme al artículo 48 de la Constitución Política y a las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. A ello se suman la Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría, que reiteran que estos fondos, de naturaleza parafiscal, no pueden ser objeto de medidas cautelares por ser esenciales para garantizar el derecho fundamental a la salud.
La entidad informó que ya puso en conocimiento de esta situación a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES, entre otros entes de control, solicitando medidas urgentes que permitan frenar las decisiones judiciales que hoy afectan el flujo de recursos del sistema.
Mientras se agotan las acciones jurídicas y financieras para mitigar el impacto, Nueva EPS reiteró su llamado a las autoridades y a los actores involucrados para que se evalúen las consecuencias legales y sociales de estos embargos, advirtiendo que su permanencia pone en riesgo la garantía del servicio de salud para millones de colombianos.
