La posibilidad de impedir el ingreso a eventos masivos como conciertos y partidos de fútbol a padres y madres que no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos llegará al debate legislativo en Colombia. La iniciativa será radicada en la próxima legislatura y busca establecer una sanción social y legal para quienes, pese a destinar recursos al entretenimiento, incumplen con sus obligaciones básicas hacia los menores.

La propuesta es impulsada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien puso sobre la mesa una realidad alarmante: en el país se presentan más de 130 mil denuncias al año por incumplimiento de alimentos, según cifras oficiales. La congresista aseguró que la medida apunta a garantizar la prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, consagrada en la Constitución.

“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su ‘equipo del alma’ o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos”, afirmó Pedraza, al defender el proyecto que busca cerrar el paso a la irresponsabilidad parental en espacios de ocio masivo.

La congresista explicó que la iniciativa se inspira en experiencias internacionales, como la aplicada en Argentina, donde personas inscritas como deudoras alimentarias han sido impedidas de ingresar a estadios por no cumplir con sus obligaciones. En Colombia, el proyecto plantea que esta restricción aplique a conciertos, espectáculos culturales y eventos deportivos de alta concurrencia.

Pedraza recordó que, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la cuota alimentaria no solo cubre la alimentación, sino también vivienda, vestuario, salud, recreación y educación, además de los gastos del embarazo y el parto cuando el menor aún no ha nacido. “No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, enfatizó.

El proyecto también cuestiona que personas en mora puedan acceder a cargos públicos o destinar recursos a actividades recreativas, lo cual —según la representante— “resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños establecido en el artículo 44 de la Constitución”.

Para la aplicación de la medida, la congresista plantea apoyarse en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), creado por la Ley 2097 de 2021, en el que se inscriben quienes incumplen tres cuotas alimentarias consecutivas o no. Este registro sería la herramienta clave para verificar quiénes estarían impedidos de ingresar a los eventos.

En Colombia, la cuota alimentaria puede oscilar entre el 20 % y el 50 % del salario mensual del obligado, dependiendo de sus ingresos y del número de hijos. Con el salario mínimo de 2026, el aporte mensual puede ir desde $350.000 hasta $875.452, cifras que contrastan con los gastos que muchos deudores continúan realizando en actividades de entretenimiento.

La iniciativa abre un debate de fondo sobre responsabilidad parental, sanciones efectivas y el rol del Estado en la protección de los derechos de la niñez, en un país donde miles de menores siguen esperando que las decisiones judiciales se traduzcan en comida, educación y bienestar real.