Bogotá, febrero 17 de 2026 – La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que sufría de hemofilia A, ha generado una ola de indignación en Colombia, no solo por las fallas documentadas en el acceso a su tratamiento, sino por el pronunciamiento de las máximas autoridades del país, que —en lugar de asumir la gravedad de la crisis sanitaria— atribuyeron la tragedia a un accidente de bicicleta.

Durante el consejo de ministros,  el presidente Gustavo Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se dirigieron al país tras conocerse el fallecimiento del menor, quien llevaba casi dos meses sin recibir el medicamento vital que requería su tratamiento, según familiares y organizaciones de pacientes. Sin embargo, en sus declaraciones oficiales ambos funcionarios centraron su explicación en que Kevin se había lastimado mientras montaba bicicleta, afirmando que la hemorragia que lo llevó a cuidados intensivos se originó por ese accidente.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento”, aseguró Jaramillo, como si el accidente fuera el factor decisivo y no la ausencia prolongada de su medicamento esencial. Por su parte, Petro indicó que la falta de suministro estaba vinculada a embargos y a “represamiento” de recursos en la cadena de atención, pero evitó asumir responsabilidad concreta por la falla del sistema para garantizar el acceso oportuno al tratamiento.

La postura del Gobierno ha generado rechazo entre defensores de derechos de los pacientes, médicos y usuarios de salud, quienes han señalado que colocar el énfasis en un accidente trivializa la responsabilidad institucional. La Defensoría del Pueblo ya había advertido que Kevin se convirtió en “una víctima más de las fallas en la disponibilidad y acceso a medicamentos”, y no por un mal golpe en bicicleta.

“El problema no fue el accidente, fue la falta de respuesta del sistema”, afirmó un representante de una organización de pacientes con hemofilia, cuestionando que las máximas autoridades usen como excusa un episodio menor para desvincularse de las fallas que atraviesa la Nueva EPS y el régimen contributivo.

Especialistas en salud pública también han rechazado la narrativa oficial, subrayando que los tratamientos de hemofilia no son opcionales ni paliativos: son críticos para la supervivencia de los pacientes. Para ellos, la explicación ofrecida por Petro y Jaramillo no solo es insuficiente, sino que desvía la atención de la verdadera falla del sistema de salud: la incapacidad de garantizar medicamentos de alto costo y atención especializada en tiempo y forma.

La muerte de Kevin expuso una cadena de ineficiencias: desde la falta de asignación adecuada de una IPS, pasando por la demora en la entrega del medicamento Emicizumab, hasta la incapacidad de la Nueva EPS para gestionar el tratamiento de un paciente vulnerable. Frente a ello, las explicaciones oficiales han sido interpretadas por muchos como un intento de minimizar el peso político y social de la tragedia, y no como una respuesta a la altura de lo que exige la ciudadanía.

Mientras tanto, la discusión sobre las falencias del sistema de salud continúa en la opinión pública, con llamados a reformar la gestión de medicamentos de alto costo, garantizar el derecho fundamental a la salud y evitar que tragedias como la de Kevin se repitan.