Bogotá, febrero 20 de 2026 – Ante la polémica generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, fue radicada una acción de tutela para proteger los derechos de la madre del menor, Yudy Katherine Pico.

La acción legal fue interpuesta por la abogada y candidata a la Cámara de Representantes Marcela García Cifuentes, quien actuó en representación de la mujer, argumentando que tanto el presidente como el jefe de la cartera de Salud vulneraron derechos fundamentales como la intimidad, la honra, la dignidad y el buen nombre de la señora Pico al hacer señalamientos públicos sin sustento judicial.

García aseguró que las declaraciones oficiales han revictimizado a la madre, al responsabilizarla indirectamente por la muerte de su hijo, haciendo referencia a una caída en bicicleta que, según las autoridades, habría desencadenado un traumatismo craneoencefálico. La tutelante cuestiona que estas afirmaciones se hayan hecho sin investigación judicial concluida y sin fundamento sólido, exponiendo además información médica sensible sin el consentimiento de la familia.

El oficio presentado ante la justicia exige tres acciones concretas: que se cese de inmediato cualquier señalamiento público contra la madre y su familia, que se retire toda información médica divulgada sin autorización, y que se realice una rectificación pública con igual difusión a la de los pronunciamientos iniciales.

La defensa de García subraya que la muerte del menor, quien padecía hemofilia A severa, es un caso delicado que debe manejarse con respeto y sensibilidad, y no puede convertirse en un escenario de señalamientos políticos que agraven el dolor de una mujer que enfrenta el duelo por su hijo.

En paralelo, se ha anunciado la preparación de posibles denuncias penales contra el presidente Petro, por la forma en que se han divulgado los hechos, lo que añade más tensión al debate nacional sobre la gestión del caso y la protección de los derechos de las víctimas en situaciones de salud pública.